Después de los reparos iniciales que generó en la Justicia el posible traspaso a su órbita del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, el Gobierno de Mauricio Macri evalúa ahora la creación de una agencia nacional autónoma y autárquica que pasará a hacerse cargo del programa. Será por decreto y sin acuerdo del presidente electo Alberto Fernández. «Si bien estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, por una cuestión de necesidad de un enclave en el organigrama del Estado, no tendría dependencia directa del Ejecutivo”, señalaron fuentes gubernamentales que vienen trabajando en el tema.
Pese al hermetismo que rodea la redacción de la letra chica del decreto, para garantizar esa autonomía, habrá “un Consejo tripartito como órgano de supervisión del Programa, integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal, ya que son os fiscales quienes llevan adelante las investigaciones judiciales; del Ministerio de Seguridad, responsable de la custodia de los que ingresan al Programa; y de la Cámara Federal de Casación Penal, que tendrá la presidencia del organismo”.
La elección del presidente de Casación como cabeza del organismo obedece a que el camarista que ocupa ese cargo – se renueva anualmente- no vota junto a sus colegas de las cuatro Salas en los casos que tienen que resolver, ya que tiene solo funciones de superintendencia. Hasta el 31 de diciembre de 2019, el presidente es el juez Carlos Mahiques. En la primera semana de diciembre se conocerá si continúa otro año más de mandato (reemplazó en mayo a Juan Carlos Gemignani, denunciado por violencia de género laboral), o si sus colegas eligen a otro para el 2020 en función de la fecha en que ingresaron al Tribunal.
El anuncio del decreto que crea la nueva agencia se haría en los próximos días, ya que aún falta ajustar varios aspectos operativos. “La idea es replicar la experiencia de otros países como Canadá, por ejemplo. Su funcionamiento sería similar al de otras agencias que forman parte de la administración descentralizada, como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el ex RENAR, que también está en el organigrama bajo el Ministerio de Justicia pero funciona autónomamente, o la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que está bajó la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero también es autónoma y tiene autarquía financiera”, explicaron quienes están definiendo los detalles del decreto.
Hoy, el Programa de protección de testigo e imputados funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, y está a cargo de Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal.
