La Justicia ordenó que el 23 de septiembre comience el desalojo de la toma de tierras de Guernica, la más grande de la provincia de Buenos Aires, en la que viven de forma precaria unas 2.500 familias.
El juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, no hizo lugar a los reclamos de las organizaciones sociales que patrocinan a las familias que llevan adelante la toma, y fijó los días 23, 24 y 25 para la realización del desalojo, siempre “en horario diurno” y con condiciones climáticas favorables, tal como sugirió la Suprema Corte bonaerense en una acordada del año pasado.
La toma de Guernica (partido de Presidente Perón) se mantiene sobre un predio de unas 100 hectáreas, en las que viven -en precarias “carpas” de plástico- más de 2.500 familias. Se trata de la más grande de la provincia de Buenos Aires, y semanas atrás suscitó una dura reacción de los intendentes peronistas del Conurbano, que se reunieron en esa localidad y le pidieron al Gobierno mayor “firmeza” para hacer frente a las tomas.
Con la decisión del juez Rizzo, ahora la medida deberá ser ejecutada por su par Juan Cruz Condomí Alcorta, quien tiene a su cargo la denuncia del dueño del terreno. En el fallo se ordenó además garantizar “la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del COVID-19”.
Las tomas de terrenos suscitaron una fuerte controversia en el oficialismo. Mientras que los intendentes reclamaron soluciones, el ministro de Seguridad Sergio Berni consideró que se trata de “delitos” y opinó que quienes las ejecutan deberían ir presos. El Gobernador Axel Kicillof coincidió con la ilegalidad de las usurpaciones, pero pidió atender la problemática social que existe. Por su parte, el dirigente piquetero Juan Grabois condenó las expresiones que desde dentro del oficialismo llamaron “delincuentes” a las personas que viven en las tomas.
Desde Juntos por el Cambio, en tanto, el diputado provincial Alex Campbell propuso que se le quiten los beneficios sociales a quienes realizan las tomas, pero el proyecto fue rechazado por el Frente de Todos, que tiene mayoría. (DIB)
