En las principales ciudades del país se realizaron marchas y movilizaciones en el marco del 48° aniversario del último golpe cívico – militar en Argentina
Este domingo 24 de marzo, a 48 años del inicio de la última dictadura cívico – militar, los organismos de Derechos Humanos leyeron en la Plaza de mayo, en el marco de una multitudinaria convocatoria, un documento conjunto en el que expresaron fuertes críticas al rumbo de la política económica del Gobierno nacional y reclamaron enfáticamente una ley contra el negacionismo.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó el documento en el que cuestionó al Gobierno reclamando y asegurando que seguirán “preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos”.
“Seguimos reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, exclamó Carlotto ante el público, que reclamaba un paro general.
La dirigente comenzó reafirmando que “la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos”, que impulsa esta gestión para combatir al narcotráfico en Rosario, “es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos”.
“Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes. Son el poder económico y empresarial del poder económico. Para ellos también exigimos juicio y castigo Ya. Y seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿Dónde está Julio López”?, exclamó.
Entre sus cuestionamientos a la actual administración nacional, Carlotto consideró que “las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”, tras lo cual hizo una pausa para que el público chiflara a la fórmula presidencial.
“La democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidos en las maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre y todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”, agregó.
Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura: se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen siendo juzgados sus responsables militares y civiles”, recalcó el documento, y sumó: “Desde entonces, han pasado 18 años: más de 1.100 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad en más de 300 sentencias. Pero, lamentablemente, sólo una de cada tres está firme por las dilaciones del Poder Judicial, que también existen en el desarrollo de los juicios”.
“El 24 de marzo de 1976 se instaló el terror en nuestra Patria, en el marco del Plan Cóndor, la estrategia de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos. Antes, la organización terrorista parapolicial conocida como la Triple A ya había desatado una cacería de militantes, y por sus crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo. Esta represión incluyó a hombres y mujeres de diferentes credos que no disociaron su fe del compromiso con el pueblo. Uno de ellos fue el Padre Carlos Mugica, a quien recordamos a 50 años de su martirio. Su causa perdura en estos tiempos de injusticia social”, precisó el texto.
El texto también invitó a reflexionar sobre el rumbo económico actual del gobierno, en relación con el de la década del ’70, impulsado por el gobierno militar y reclamó por el “hambre” de las mayorías.
Asimismo, subrayó en varios pasajes que los desaparecidos son 30.000, número consensuado históricamente, que actualmente desde sectores del Gobierno se pone abiertamente en debate.
La palabra de Adolfo Pérez Esquivel
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel leyó un texto propio durante el acto de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en el que cuestionó duramente al gobierno y rechazó “el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado”, tras lo cual remarcó que “son 30 mil desaparecidos”.
“Le recordamos a este Gobierno que debe tener presente que, con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna. A los representantes del pueblo, diputados, senadores, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus”, remarcó.
