Patricio Farcuh, el último dueño de la firma postal OCA, falleció de un paro cardíaco. La información fue confirmada a LA NACION por fuentes de la familia.
Farcuh tenía solo 43 años y era contador público, con un Master en Administración de Empresas por el IAE. Su carrera fue meteórica: a los 33 años era dueño de RHUO (Recursos Humanos Organizados), un grupo que llegó a aglutinar a siete empresas y emplear a 15.000 personas.
Comenzó a los 23 años, con la creación de una empresa de servicios de limpieza, Pertenecer; y continuó con la de personal eventual, Guía Laboral. También cofundó Oxford Partners (selección de ejecutivos), Oxford Selección (búsquedas de profesionales), Oxford Consulting (desarrollo de talentos), Slam (marketing) y GPS (logística).
Su paso más grande, no obstante, fue con OCA. De hecho, había sido el último dueño visible de la empresa hasta 2019. Y estuvo sospechado de actuar como el testaferro de la familia Moyano durante años, algo que él siempre negó públicamente.
En una entrevista que brindó a Mesa Chica en el 2018, el periodista José Del Río le consultó cuál era su vínculo con el gremialista. «Ninguno, profesional», respondió él. En el 2011, se había enfrentado a la misma pregunta en una entrevista con este medio, donde añadió que tenía «buen vinculo con todos los sindicatos».
Sin embargo, la relación se tensó a tal punto que el contador ha intentado demostrar en la Justicia con imágenes de las cámaras de seguridad que, entre junio de 2016 y mayo de 2017, la empresa fue «usurpada» en una suerte de «golpe de estado interno» por parte del gremio y dirigentes jerárquicos de la compañía que se habrían aliado al líder camionero.
En este sentido, en el 2019, se decretó la quiebra de la empresa a raíz de una deuda millonaria con la AFIP y, dos semanas después, se le prohibió el ingreso a la compañía a Farcuh, por entonces presidente de la firma. El aviso se hizo a través de un mail que decía: «De acuerdo a las instrucciones recibidas por el director de seguridad, las personas que se detallan tienen prohibido el ingreso a cualquier local de OCA a partir de este momento: Patricio Farcuh y Martín Farcuh (su hermano y socio minoritario)». Además, en ese comunicado se establecía que, si se presentaban, se debía contactar «de inmediato con Walter Frutos»: quien, según fuentes que conocían el movimiento de la empresa, solía actuar como una suerte de guardaespaldas de Farcuh. Ante este escenario, el exdueño de OCA envió un telegrama a la empresa reclamando el pago de su sueldo y considerándose despedido. «Me enajenaron la compañía», diría luego a LA NACION.
«Grupo Clear» asumió el control de OCA
Tal como publicó Hugo Alconada Mon en LA NACION, a comienzos de este año, y tras una larga batalla judicial, la Justicia bonaerense le entregó las llaves de la empresa postal OCA al «Grupo Clear», vinculado desde sus inicios al patagónico Cristóbal López. Y lo hizo sobre el cierre del año judicial, ante la ausencia de otros interesados en tomar las riendas del gigante venido a menos que controló Alfredo Yabrán durante los ’90.
El juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, oficializó la adjudicación cuando faltaban 31 minutos para que comenzara la feria judicial de verano. Lo hizo el 30 de diciembre, e intimó al «Grupo Clear» a efectivizar su oferta en el plazo de 20 días desde que sean notificados, según surge de su resolución, que obtuvo LA NACION.
¿Qué ofreció el «Grupo Clear»? Pagar un adelanto en pesos equivalente US$5.280.000 al valor del tipo de cambio del 23 de octubre pasado -que ya depositó-, más otro pago en pesos por el equivalente a US$1,5 millón a fines de agosto próximo, y un «precio fijo en contingencia» por otros US$18,5 millones para conformar así una oferta global por 25.280.000 dólares.
Hay que tomar esa cifra, sin embargo, con pinzas. Porque el «Grupo Clear» no deberá necesariamente desembolsar esos US$18,5 millones. Porque podrá, en su reemplazo, constituir por esa suma «una garantía bancaria de primera línea, autorizada por el BCRA o un seguro de caución emitido por una compañía de primera línea, de reconocida y acreditada solvencia», según clarificó Tejada.
El «Grupo Clear» se comprometió, además, a «asegurar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de las fuentes de trabajo», como estableció el juez Tejada. Esa deuda fiscal superaba los $ 17.000 millones en febrero de 2020, según los datos que manejaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aunque esa cifra siguió en aumento. Entre otros motivos, porque se estima que la empresa acumula nuevos pasivos por unos $ 200 millones por mes, de acuerdo a los números que la sindicatura informó al Juzgado.
Considerada la empresa postal privada más grande del país, con miles de empleados -de los cuales cerca de 5800 figuran como afiliados al gremio de los Camioneros-, sin embargo, OCA quedará ahora bajo control del «Grupo Clear» sin la mochila insostenible que conlleva su monumental deuda fiscal, que quedará en la quiebra.
Por eso, Farcuh temía que carguen contra él en un intento por recobrar al menos parte de ese pasivo fiscal, lo que promete discutir en tribunales. Tanto en Lomas de Zamora como en la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero en lo Penal Económico, según reconstruyó LA NACION.
Pero, ¿qué holding asumirá las riendas de OCA? Dos empresas patagónicas integran el «Grupo Clear»: Clear Urbana SA y Clear Petroleum SA, en las que descollan Juan Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano, tres ejecutivos que durante años trabajaron con Cristóbal López, luego con sus hijos, y con Fabián de Sousa en el Grupo Indalo.
En rigor, el «Grupo Clear» es la continuación de una sociedad de responsabilidad limitada, «Clear SRL», que en los ’90 se constituyó en uno de los pilares iniciales de Cristóbal López en los negocios. Hasta que en 2013 se escindió en Clear Urbana SA e InverClear SA, y el remanente de la otrora SRL se reconvirtió en Clear Urbana Petroleum, todas bajo el control del empresario que luego fue conocido como «el zar del juego».
En los registros comerciales, sin embargo, consta que López se abrió de ambas empresas en 2011, cuando cedió su parte a sus hijos, Nazareno y Emiliano, quienes también se desvincularon en octubre de 2017, cuando el patagónico cedió el control del Grupo Indalo a «OP Investments», cuyo rostro visible era Ignacio Rosner.
Hoy, el presidente del directorio del «Grupo Clear» es González Pedroso, un patagónico de 46 años de extrema confianza de López con quien suele mostrarse y cenar en Rada Tilly. Hoy, divide su tiempo entre Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, que también figuró en otras firmas -como Inverclear y Petrolera Cerro Negro- junto a la familia López durante años.
«Iniciamos este proceso de análisis hace siete meses y, realmente, mientras más nos empapamos en la compañía, más nos convencemos del potencial de OCA», afirmó González Pedroso en octubre pasado, en un texto que publicó Ámbito Financiero, el diario de López y De Sousa.
En ese texto promocional, en el que se aludió a González Pedroso por su nombre de pila, Ámbito Financiero anticipó que un cuarto ejecutivo, Facundo García Ruhstaller, asumiría «un rol protagónico» en OCA, con el objetivo de modernizarla y revalorizarla. «Es una plataforma increíble de relanzamiento para el negocio logístico y postal a nivel nacional y regional», afirmó el primero.
Por lo pronto, OCA ya pugna por un negocio atractivo: el anunciado reparto de millones de vacunas Sputnik V, negocio que el Gobierno define a través de una contratación directa, sin convocar a una licitación pública.
El Ministerio de Salud selló ya un primer acuerdo para que la empresa Andreani se encargase de la logística del operativo inaugural de vacunación, sin costo. Por eso Andreani retiró los lotes de Ezeiza, los trasladó a su depósito en Avellaneda, colaboró con el acondicionamiento y fraccionamiento de las dosis y se ocupó de su distribución por las provincias.
A continuación, sin embargo, el Ministerio de Salud avanzó con un proceso para contratar un «servicio logístico de vacunas con temperatura a -18°C por emergencia por el Covid-19» para los próximos seis meses. Optó por una contratación directa, un procedimiento más expeditivo, pero también menos competitivo y abierto que una licitación pública. (Fuente: La Nación)
