La disputa política y legal entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que dispuso que la Nación destine el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad, tendrá en los próximos días nuevos capítulos judiciales, a la espera de las presentaciones que ya prometieron hacer tanto el presidente Alberto Fernández como el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.
En ese marco, el Gobierno presentará la semana que viene en la CSJN un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar, aunque quizá no el lunes como se barajó en un principio, indicaron fuentes de la Casa Rosada.
Lo mismo hará ante el máximo tribunal la Ciudad de Buenos Aires, también en fecha a determinar, pero para solicitar que se cumpla el fallo.
Teniendo en cuenta que quedarán cuatro días hábiles antes de la feria judicial, el más alto tribunal del país deberá decidir si abre o no esa instancia para esta causa o la pasa directamente para tratarla a partir de febrero.
Por lo pronto, mediante la acordada 32/2022, la CSJN designó el 5 de este mes a las autoridades de feria para el receso judicial de enero próximo: Juan Carlos Maqueda, del 1 al 15 de enero; Ricardo Lorenzetti, del 1 al 8 del mismo mes; Horacio Rosatti, del 16 al 31 de enero; y Carlos Rosenkrantz, del 23 al 31 de ese mes.
No obstante, Rodríguez Larreta anticipó hoy en declaraciones a Radio Mitre que tiene “expectativa de que el lunes se gire el dinero, porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte”.
Además de la revocatoria, el Gobierno anunció el jueves último en un comunicado la recusación de los integrantes de la Corte, por lo que en esas resoluciones deberían ser resueltas por conjueces.
“El Presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”, indicó el Poder Ejecutivo en ese escrito, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y 14 gobernadores en Casa Rosada.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno en aquella notificación.
El documento llevó las firmas del gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfrán, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora, el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto, presentes en una reunión realizada en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno.
A ellos se sumaron en forma virtual, y también firmaron, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, el fueguino Gustavo Melella, el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá y la santacruceña Alicia Kirchner.
Ayer, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) se sumaron también al cuestionamiento del fallo de la Corte, a través de un comunicado conjunto.
No firmaron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe).
Esas provincias “al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación” y para que soliciten la revocación “in extremis” de la resolución cautelar, según el documento.
Al encuentro del jueves pasado, entre el Presidente y los gobernadores también asistieron el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Los cuatro miembros del máximo tribunal firmaron el miércoles último una medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina, y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%; pero no resolvió la cuestión de fondo.
El origen de la controversia data de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas” en la ciudad.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020 se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, recordó el Gobierno en el documento firmado el jueves por Fernández y los gobernadores.) (DIB)
