Nota de opinión – El gobierno de Milei atenta contra la soberanía nacional poniendo en venta nuestras tierras

Por Flavio Danilo Ponce

La ley 26.737 regula la protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.
Por tierras rurales se entiende las ubicadas fuera de zona urbana ya sea para la producción agropecuaria, forestales, turísticas y otros.
Esta ley se encarga de controlar y limitar el dominio de estas tierras por parte de personas física o jurídicas (sociedades en todos sus tipos) extranjeras en nuestro país.
El objetivo de la ley actual se determinar la titularidad dominial y catastral para establecer las obligaciones pertinentes que limitan el ejercicio del dominio por parte de extranjeros.
Lo descripto con la finalidad de la protección de la soberanía, los recursos no renovables y el medio ambiente.
Se apunta a las sociedades comerciales donde los extranjeros tengan por encima del 25% de las acciones societarias y puedan de esa forma generar la mayoría que les permita tomar las decisiones de la empresa. O las personas físicas que no figuren en la sociedad pero que actúen como miembros sin serlo y también apunta a las personas jurídicas de derecho público de nacionalidad extranjera (es decir que pude ser un organismo o empresa creada por un estado extranjero).
La ley establece también excepciones para los extranjeros que tengan una residencia de más de 10 años o en matrimonio con un argentino o un hijo argentino acreditando una residencia continua y permanente en Argentina. Todos ellos no serán alcanzados por la ley.

Importante
El artículo 6 de la ley vigente que prohíbe expresamente a que un argentino (humano o empresa) figure como titular en forma ficticia para evadir los controles de esta ley cuando en realidad el titular de esas tierras es extranjero. Dicha violación se considera fraude y simulación ilícita.
La presente ley, que el gobierno de Milei quiere modificar, establece que un extranjero no puede ser titular de más de Mil hectáreas (1.000 h) en la zona núcleo y que tampoco pueden tener la titularidad que pase por encima del 15% de las tierras rurales en el país.
También prohíbe que de ese 15% de tierras rurales de la Argentina el 30% pertenezca al dominio de una misma nacionalidad extranjera.
La ley también establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

Conclusión
El gobierno de Milei pretende modificar la norma para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego.
De esta forma se pone en serio riesgo la soberanía nacional y la propiedad que debe ejercer la República Argentina sobre ellas.
Por Flavio Danilo Ponce