Dentro de la concepción de una República existen tres poderes, el Poder Legislativo que hace las leyes, el Poder Ejecutivo que ejecuta las leyes, y el Poder Judicial que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias.
Se puede decir que hace varias décadas en nuestro País los tres poderes se encuentran en deuda con la sociedad, ya sea por la deficiente o falta total de respuestas a las demandas y necesidades colectivas.
Pero no nos confundamos, el sistema republicano en que vivimos si tuviera buenos ejecutantes sería una organización equilibrada, justa y eficiente. Sin generalizar, muchas veces el problema no son las instituciones, sino las personas que las representan.
Sin perjuicio de ello, claramente elegimos y deseamos vivir en un Estado democrático y republicano, donde se garanticen los derechos individuales y colectivos, y donde exista una independencia de los poderes sin presiones o conductas que amenacen la integridad de la Nación.
En estos días estamos viviendo circunstancias trascendentales para el porvenir de nuestro País, que ponen a prueba a las personas que ocupan funciones dentro de los poderes del Estado; para ver si realmente actúan conforme sus obligaciones asumidas y en cumplimiento de la Carta Magna, o por el contrario, asumen una postura austera y convenientemente personal.
Al respecto, no veo como algo sano que intendentes, gobernadores y el propio Presidente (representantes del Poder Ejecutivo) expongan públicamente en medios y/o redes sociales (algunas oficiales de los gobiernos locales, provinciales, o nacional) rechazos al proceso judicial que se está llevando a cabo con la ex Presidenta y otros ex funcionarios, con argumentos infundados y descalificativos hacia el trabajo de fiscales y demás miembros del Poder Judicial. Estos deben comportarse con prudencia, y no subirse a las manifestaciones irracionales de fanáticos o de sujetos gerenciados por el Estado, que solo pretenden generar confusión y un peligroso alboroto en la sociedad.
Si de una vez por todas queremos ver una República madura y consolidada, donde se respeten los poderes, debemos dejar que estos actúen con libertad. En particular, el Poder Judicial, quien además de ser independiente, objetivo e imparcial debe ser libre de toda amenaza, repudiable, más aún, si viene desde otro poder del Estado.
En fin, el Poder Ejecutivo está para ejecutar y se debe dedicar exclusivamente a eso, que bien hace falta. Dejemos a la justicia que haga su trabajo, sabiendo que en un estado de Derecho como el nuestro, toda persona que atraviesa un proceso tiene su legítima garantía de defensa en juicio y sus oportunidades para efectuar los descargos que crea convenientes, debiendo finalizar el mismo, naturalmente, con una resolución.
Gonzalo Fierro. Abogado, dirigente UCR Chascomús
