Otro empresario fue eximido por la Justicia de pagar el Impuesto a la Riqueza, y así ya son dos fallos los que benefician a quienes deberían responder al tributo aprobado la semana pasada.
La decisión fue tomada por la jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Nicolás José Mc Loughlin y dispuso que la AFIP “se abstenga de aplicar las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”.
El empresario había presentado un amparo en la Justicia para no abonar el impuesto a la riqueza, alegando que atenta contra su derecho a la propiedad y que pagar el aporte “afecta a su capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya por el Impuesto sobre los Bienes Personales”.
“El aporte es en realidad un impuesto, que fue creado por ley; se exige sin contraprestación; en forma coercitiva, no es voluntario u optativo; está destinado a contribuir a financiar gasto público y su hecho imponible no hace más que poner de manifiesto la capacidad contributiva del patrimonio”, indicó en la demanda.
El Impuesto a la riqueza, creado a través de la Ley 27.605, prevé un cobro por única vez de aquellos patrimonios superiores a los $ 200 millones, quienes deberán abonar alícuotas que varían entre el 2% y 3,5% para los bienes que radican en el país, y del 3% al 5,25% para los que están en el exterior.
La jueza Madariaga de Negre ya le había concedido la medida cautelar a Alejandro Scannapieco, el ejecutivo de Globant, a comienzos de esta semana. (DIB)
