Polémica por el proyecto para reducir el déficit de las provincias y el Estado.
Así se establece en la redacción del proyecto que busca reducir el déficit de las provincias y el Estado nacional, el cual será enviado al Congreso. El aumento de la plantilla estatal quedaría atado al incremento poblacional
El Gobierno nacional y las provincias acordaron ayer el texto de la Ley de Responsabilidad Fiscal que será enviado al parlamento y compromete a las jurisdicciones a no aumentar los impuestos. El consenso fue alcanzado durante una reunión mantenida en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se celebró en el Ministerio de Hacienda. Según se informó desde esa cartera, se busca «establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales».
Entre las principales pautas del proyecto se destaca la imposibilidad de aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento. A su vez, el Gobierno nacional y las provincias deberán congelar la plantilla de empleados públicos al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción. Además, en el proyecto de ley que será enviado en los próximos días al Congreso se incorporan pautas de fin de mandato para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
¿Polémica en puerta?
Con respecto a la iniciativa, que plantea mantener atado el nivel de empleo público al crecimiento de la población, el economista Claudio Lozano afirmó que «es una cuestión que deja afuera la discusión sobre el tipo de Estado, las funciones que debe cumplir y, consecuentemente, qué empleo necesita y con qué características».
«Me parece que en todo caso lo que está marcando esto es simplemente una estrategia para evitar que pueda haber una expansión del empleo público, pero que está absolutamente disociada de un Estado capaz de tener eficacia y de garantizar las prestaciones que se necesitan», argumentó el especialista. Para Lozano, «tomar una definición así, en general, de relación entre empleo y población, como si eso pudiera dictaminar absolutamente todo, es una verdadera tontería. Solamente tiene que ver con pautar un límite al empleo público».
De acuerdo a un informe publicado este año por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los distritos en los que la proporción de trabajadores estatales fue mayor con respecto a los del sector privado, con los datos publicados a diciembre de 2016, son Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa. En el resto de las provincias el sector privado supera al Estado como principal empleador de la economía formal.
En este sentido, el licenciado en Economía, Agustín D’Attellis, expresó que «poner un condicionamiento así al crecimiento del Estado no tiene sentido, es suponer que el empleo público es asistencialismo, es sostener la idea del empleo público ñoqui». «El tamaño del sector público tiene que ver con los servicios que brinda. En algunas provincias, por sus características, podrá ser más chico y en otras más grande. De hecho, en la teoría no hay un tamaño óptimo del Estado», expresó.
Siguiendo con su argumentación explicó: «No hay un indicador que estime el tamaño ideal del Estado, tiene que ver con qué tipo de servicios da, la calidad, la importancia que le otorga a los aspectos regulatorios o no. Ponerle una cláusula de crecimiento de los empleados y además supeditar eso al crecimiento natural de la población, en términos teóricos, no tiene ningún sustento».
Leave a Reply