El análisis de la posible evolución del caso que hace el gobierno de Kicillof. El impacto sobre la figura de Berni. Los anuncios sobre inseguridad y una enojo del Gobernador
La posibilidad de que, con la autopsia que se hará el martes, comiencen a aparecer certezas en el caso de Facundo Astudillo Castro es un dato de primer orden para el gobierno de Axel Kicillof tanto porque pueda estar involucrada la policía provincial, como porque marcará, para bien o para mal, el destino de su funcionario de mayor peso político: el ministro de Seguridad, Sergio Berni.
El propio Berni parece haber hecho de este tema una apuesta a todo nada. Sin matices y en público defendió la actuación de la policía contra las acusaciones de la madre, Cristina Castro y de sus abogados, que hacen responsable a la fuerza de seguridad de la desaparición del joven. En privado, además, dio garantías al respecto a Kicillof pero también al Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.
Por eso, en el caso de que el Equipo Argentino de Antropología Forense dictamine que los restos hallados hace una semana son los del joven, comenzará a correr para Berni un tiempo de descuento marcado por dos posibilidades básicas. Si la Justicia Federal demuestra que Facundo se accidentó o fue asesinado, pero no por la policía, habrá conseguido un triunfo que terminará de catapultar su figura.
Sin embargo, el escenario que analizan con preocupación en el gobierno es el otro, el que involucra a la Bonaerense, una policía con muchos antecedentes de violencia institucional, práctica que según la Comisión Provincial por la Memoria no se combatió lo suficiente durante esta gestión. Kicillof tiene para esa eventualidad una decisión tomada: habrá una purga que incluirá a la cúpula.
Pero esa certeza no resuelve la incógnita mayor: ¿qué pasaría con Berni? El gobernador, que habla a diario con la vicepresidenta, no se lo ha dicho ni a sus colaboradores más cercanos. En esa intimidad, con todo, circulan dos razonamientos que afirman que Kicillof comparte. Si fue la policía y el Ministro sabía, no solo encubrió, también le mintió a la plana mayor de su espacio. Y si no los sabía, queda en jaque su capacidad de controlar a sus subordinados.
Hay una tercera posibilidad: que la investigación se prolongue sin hallar culpables. Es una hipótesis también barajada por el gobierno y tan temida como las otras dos. Es que supondría el reclamo permanente a Berni, un desgaste en cámara lenta para un funcionario que, por su función, está naturalmente expuesto a un nivel de cuestionamientos alto. “Pésima noticia política”, dicen en el gobierno.
Sordos ruidos
Kicillof quedó expuesto a ese abismo de posibilidades en el peor momento: cuando la reapertura gradual de la cuarentena reinstala los –altos- niveles de delito habituales. Es decir, cuando más necesita a Berni y a una política de seguridad ordenada y sin fisuras. Tal vez por eso le haya molestado tanto la filtración del diálogo que mantiene con la Casa Rosada para financiar la actualización y lanzamiento del Plan Integral de lucha contra el delito que iba a ser anunciado el 25 de marzo y la cuarentena obligó a postergar.
“Se terminó la pandemia”, dijo el gobernador cuando vio en los diarios que el gobierno nacional podría destinar entre $8 y 10 mil millones a asistirlo en la compra de patrulleros y equipamiento que planea anunciar junto al Presidente. El número no está confirmado, dicen, pero la filtración del dato fue objeto de una mención de Kicillof en una reunión con intendentes oficialistas a quienes recibió en La Plata para trabajar sobre la distribución de recursos para la lucha contra el delito.
Esos alcaldes no quieren a Berni desde mucho antes de que Astudillo Castro saliera de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, el 30 de abril pasado. Pero Kicillof recela de que el contexto habilite maniobras en contra del ministro, que podrían afectarlo. Por ahora, se apoya en este punto en su pacto con el Presidente: igual que en el caso de las obras, el control de la seguridad en ningún caso implicará un by pass que una en forma directa a la Casa Rosada y los alcaldes.
Esa coraza parece protegerlo también del massismo, que impulsa la creación por ley de una agencia para coordinar la seguridad en el AMBA que Kicillof rechaza. El gobernador está convencido de que, más allá de que se apruebe o no un proyecto, Fernández escuchará su posición de no avanzar en la práctica con eso, aunque acepta que Sabina Frederic y Berni deben trabajar de otro modo. De hecho, la coordinación en Seguridad será, dicen, uno de los ítems incluidos en los anuncios. (DIB – Por Andrés Lavaselli)
