Eduardo Casal advirtió que la Ciudad es autónoma y que el Gobierno no justificó lo suficiente su intervención. Se trata de un dictamen no vinculante, con el cual puede o no coincidir la Corte Suprema, pero que habilita a un pronunciamiento cuando está por finalizar el plazo establecido por el decreto presidencial.
a Procuración General de la Nación consideró inconstitucional el decreto del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales, al dictaminar ante la Corte Suprema de Justicia por el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en torno al tema.
En el dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, evaluó que «los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles».
El procurador señaló que la orden dictada en el DNU 241 «a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica».
Se trata de un dictamen no vinculante, con el cual puede o no coincidir la Corte Suprema, pero que habilita a partir de ahora a que haya pronunciamiento cuando está al borde de finalizar el plazo establecido por el decreto cuestionado en lo que hace a las clases presenciales.
Casal dijo que «las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación».
El procurador valoró que «el poder de policía en materia de salud, si bien debe ser ejercido en principio por los entes locales, es una competencia concurrente entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires en determinadas circunstancias».
AUTONOMIA
La salud -agregó- «para un ámbito interjurisdiccional (en el caso, el AMBA), cuando existen razones de emergencia como las que se viven actualmente debido a la pandemia y la posibilidad de mayor transmisión del virus covid-19 por motivos fácticos, tales como el uso del transporte entre jurisdicciones y la misma forma de propagación del virus que no reconoce fronteras territoriales, lo que conduce a que sea el Estado Nacional el competente para regular la materia en cuestión en estas circunstancias, de tal modo que no se viola por ello la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que conserva su competencia concurrente en materia de salud en lo que se limita a su jurisdicción y no tiene efectos más allá de ella».
Pero -y ahí deviene la inconstitucionalidad- es el Congreso Nacional el que debe intervenir para tomar dicha decisión pues «el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994», indicó el procurador.
Por otro lado, Casal estimó válidos los argumentos de la Ciudad respecto de que no hay datos certeros que funden la suspensión de clases frente al avance del coronavirus.
«No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región», afirmó el procurador.
DENUNCIAS
El diputado radical Jorge Enríquez acusó al kirchnerismo de amenazar con denuncias penales al procurador general interino Eduardo Casal después de haber fracasado en sus quince intentos de iniciarle juicio político por carecer de las mayorías parlamentarias necesarias.
Enríquez hizo esta denuncia durante una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador nacional ultra K Martín Doñate, que viene martillando con imputaciones sobre el jefe de los fiscales desde el año pasado con el propósito de desplazarlo del cargo.
En ese sentido el diputado opositor aseguró que el oficialismo estaba usando la comisión bicameral como una suerte de «tribunal de ajusticiamiento» con el que «se pretende «linchar» a Casal.
Enríquez reaccionó en particular ante las sospechas de presunto enriquecimiento injustificado sembradas por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. A partir de la declaración jurada del procurador, el diputado K señaló un incremento de su patrimonio que, si bien aclaró que correspondía a una herencia, debía ser investigado por diputados y senadores.
A poco de hecha la denuncia de Tailhade ya circulaba por los medios la declaración de bienes del procurador interino.
La pretensión de convertir a la bicameral en un tribunal de juzgamiento de Casal fue ratificada indirectamente por el senador kirchnerista Carlos Caserio que propuso que si el funcionario rechazaba las sospechas que el oficialismo había deslizado podía concurrir a la comisión a hacer su descargo como si se tratase en la práctica de un anexo de Comodoro Py.
Durante las deliberaciones de la bicameral legisladores alineados con Cristina Kirchner como María Sacnum, Mara Brauer y Tailhade acusaron a Casal de conductas que iban desde la persecución de la fiscal Gabriela Boquín, pasando por actos contra la igualdad de género hasta el enriquecimiento sospechoso en el cargo y posible mal desempeño de la función pública.
La radical Silvia Elías de Pérez reaccionó calificando de «hostigamiento» de la comisión al funcionario y destacó que hasta el momento le había enviado 55 notas con pedidos de informe sobre distintas cuestiones.
Sacnum, por su parte, acusó a Casal de hostigar a un grupo de fiscales mujeres que se habían entrevistado con el ministro de Justicia Martín Soria para pedirle cambio en la ley de Ministerio Público Fiscal. En realidad el procurador había desestimado «in limine» una denuncia presentada contra esas fiscales y se había limitado a recomendarles que siguieran la normativa vigente según la cual gestiones de ese tipo se deben canalizar a través del titular de la procuración.
El kirchnerismo también acusó a Casal de no tomar medidas contra el fiscal Raúl Pleé por haberse reunido con Mauricio Macri en 2016. Casal se limitó a girar a la bicameral una nota de Pleé en la que aclara que en ese encuentro el ex presidente le explicó las razones por las cuales no lo había elegido como candidato a la procuración y en su lugar había propuesto a Inés Weinberg de Roca. Doñate calificó el hecho de «vergonzoso» y de «gravedad absoluta» y prometió «avanzar» con el tema en una próxima reunión de la comisión. (Fuente: La Prensa)
