Patagones: 30 años de cárcel por ejercer grooming y abusar de menores estando en libertad condicional

Por los aberrantes delitos el sujeto recibió una medida cautelar inédita: la prohibición de usar en la cárcel celulares con acceso a Internet y redes sociales.

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión en la localidad de Carmen de Patagones, por los delitos de violencia sexual e informática contra al menos tres menores de edad, mientras se encontraba en libertad condicional.

En el fallo, la jueza María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal Nº.2 de Bahía Blanca, condenó a Osvaldo Chico como autor penalmente responsable de los delitos imputados y ordenó una medida cautelar inédita: la prohibición de disponer de teléfonos celulares con acceso a internet y redes sociales.

Según La Nueva, la resolución dio por acreditada una trama de ciberacoso y abuso que se inició cuando Chico aún se encontraba privado de la libertad, cumpliendo una condena previa por delitos contra la integridad sexual, y que continuó en las etapas en que fue beneficiado con salidas transitorias y libertad condicional por parte de la Justicia de Ejecución Penal.

Identidades falsas y amenazas coativas

Según surgió de la investigación – realizada por la UFIJ N°.3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín – y del debate oral, el imputado utilizaba teléfonos celulares para crear múltiples perfiles falsos en redes sociales como Tik Tok, Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante los cuales engañaba y abordaba a niñas de entre 12 y 14 años.

A través de identidades falsas y amenazas coactivas en las que afirmaba que mataría o dañaría a los familiares de las víctimas si no accedían a sus pretensiones, Chico lograba que las menores le enviaran imágenes y videos íntimos, además de obligarlas a realizar prácticas sexuales coercitivas y degradantes.

En uno de los hechos juzgados, la investigación constató que Chico citó y sometió sexualmente con acceso carnal en al menos cuatro oportunidades a una menor de 13 años en su domicilio de Carmen de Patagones, e incluso ingresó a la vivienda de la víctima para consumar los abusos.

Aberrante: pensó que abusaba de su hija

Respecto de otra de las víctimas, de 12 años, el acusado actuó creyendo que se trataba de su propia hija biológica, exigiéndole material pornográfico e instándola a autolesionarse y someterse a prácticas vejatorias. La posterior pericia de ADN descartó la paternidad biológica, aunque se valoró su convicción como un indicador de alto desprecio por la integridad de la menor.

Involucrarse y hablar

El caso se comenzó a desentrañar luego de que una prima de una de las víctimas descubriera los chats en un teléfono celular, dando cuenta de la importancia de involucrarse y hablar por quienes sufren y no pueden hacerlo por su situación de vulnerabilidad. La intervención de esta chica motivó a la familia a realizar la posterior denuncia en la comisaría de la Mujer de Carmen de Patagones.

Los allanamientos y peritajes informáticos sobre los dispositivos incautados por personal especialista en Cibercrimen permitieron vincular las líneas telefónicas, los perfiles falsos y las cuentas de usuario con el teléfono Samsung del imputado, donde se hallaron también representaciones de menores dedicados a actividades sexuales explícitas.

La pen con agravantes

Al fijar el monto de la pena, la jueza sopesó un abanico de circunstancias agravantes, entre las que destacó el contexto de violencia de género, la asimetría y gran diferencia de edad entre el acusado y las niñas, la planificación pormenorizada mediante identidades múltiples, el daño psicológico severo provocado en las víctimas y el hecho de que Chico desplegara y continuara este accionar delictivo desde el ámbito carcelario y durante el goce de beneficios del régimen de la libertad.

En su veredicto, el tribunal impuso formalmente a Chico la pena de 30 años de prisión y dispuso, con carácter cautelar, la prohibición estricta de utilizar teléfonos móviles con conectividad a internet o acceso a redes sociales en su lugar de alojamiento en la Unidad Penal Nº 4, medida que fue notificada a las autoridades penitenciarias y al Juzgado de Ejecución Penal.

Fuente: Agencia DIB