El gobierno porteño define a los convenios urbanísticos como «compromisos entre actores del sector público y el privado para beneficio mutuo». Datan del antiguo Código de Planeamiento Urbano porteño de 1977 y, aunque habían sido dejados de lado por su abuso, en 2020 la administración porteña decidió retomar su uso y envió a la Legislatura al menos cinco expedientes.
Los expertos en cuestiones urbanas y ambientales que siguen de cerca el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires aseguran que los permisos de construcción que otorga el Gobierno porteño «transformaron la excepcionalidad en norma» y arrastran una historia que tiene raíces en las prácticas del viejo Concejo Deliberante.
Los convenios urbanísticos (CU) datan del antiguo Código de Planeamiento Urbano porteño de 1977 y servían como una herramienta que permitía «excepciones» a las reglas que debían cumplir los desarrolladores, pero el abuso en que incurrió la entonces Municipalidad de Buenos Aires quedó expuesto y fueron dejados de lado.
«Aquellas excepciones eran comunes en el viejo Concejo Deliberante y tras el cierre, se pasaron las decisiones en esa materia al Ejecutivo porteño que, a través de la Dirección de Interpretaciones Urbanísticas, transformó la excepcionalidad en la norma y así se autorizaron decenas de torres en la Ciudad», explicó a Télam Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
«El uso que el Gobierno de la Ciudad le viene dando a los convenios urbanísticos los asemeja a las viejas excepciones del Concejo Deliberante»
MATÍAS BARROETAVEÑA, DIPUTADO
En 2020, la administración porteña decidió retomar el uso de los CU y envió a la Legislatura, para su aprobación, al menos cinco expedientes en los que impulsaba los cambios urbanísticos a determinados predios de dominio privado, para «maximizar la capacidad constructiva del suelo y la altura de futuras edificaciones» y así subir el valor inmobiliario.
De esos cinco proyectos, tres fueron aprobados para los barrios de Villa Crespo, Palermo y Puerto Madero; al tiempo que el gobierno porteño lanzó una convocatoria a «Convenios Urbanísticos para impulsar el desarrollo urbano que contemple las necesidades de los distintos grupos etarios, la perspectiva de género, que prioricen la escala humana y la generación de nuevo espacio público y verde de calidad».
El gobierno porteño define al CU como «una herramienta de gestión urbana que formaliza un acuerdo y define compromisos entre actores del sector público y el privado para realizar, dentro de un determinado plazo, intervenciones urbanas en la Ciudad que generen beneficios mutuos» y apunta a proliferar este tipo de acuerdo sobre terrenos de la zona sur.
Al respecto, el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña consideró que «el uso que el Gobierno de la Ciudad le viene dando a los convenios urbanísticos los asemeja a las viejas excepciones del Concejo Deliberante; un privado quiere hacer un desarrollo no permitido por la ley y se acerca al Ejecutivo para que le ‘vendan’ una normativa urbanística más flexible a cambio de una supuesta compensación».
