La Casa Rosada trabaja en distintas opciones para destrabar las negociaciones con Pfizer y lograr, así, que millones de vacunas contra el Covid-19 de ese laboratorio arriben a la Argentina, confirmaron fuentes oficiales y privadas involucradas en las tratativas a LA NACION.
Tanto desde el Gobierno como desde el laboratorio afirman que buscan llegar a un acuerdo, aunque no terminan de acordar ciertas condiciones contractuales. Hoy, el mayor obstáculo para el arribo de esas vacunas es de índole legal. Junto al presidente Alberto Fernández evalúan cómo sortear lo que por el momento definen como un “escollo jurídico insalvable”.
Ese obstáculo viene de arrastre, según reconstruyó LA NACION, ya que los representantes locales de Pfizer y otros laboratorios reclamaron varias condiciones desde mediados de 2020; entre ellas, la prórroga de jurisdicción, una indemnidad patrimonial y confidencialidad. Es decir, las mismas que plantearon en Brasil, Chile y Uruguay, entre otros países.
En sus últimas declaraciones públicas, el presidente Fernández aludió a esas “condiciones iniciales” de Pfizer, que calificó como “desmedidas” y consideró que lo colocaba “en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”, aunque aclaró que la negociación “sigue hasta hoy”.
Con el paso de las semanas, según reconstruyó LA NACION, varias de esas condiciones fueron subsanadas, en tanto que dentro del Gobierno debatieron impulsar un decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el Presidente, para cerrar las últimas diferencias, pero se optó por enviar un proyecto de ley al Congreso.
El proyecto que se aprobó en Diputados y el Senado con los votos del oficialismo y la oposición incluyó, sin embargo, una excepción a la indemnidad reclamada por los laboratorios. Esta fue para el supuesto de negligencia. Y ese es, hoy, un obstáculo central en las negociaciones.
“Estamos viendo cómo podemos ‘saltar’ ese escollo jurídico, pero las negociaciones continúan, más allá del ‘ruido’ que pueda haber”, indicó una de las fuentes que participa en el ida y vuelta entre la Rosada y el laboratorio.
Otro obstáculo entre el Gobierno y Pfizer ya quedó, en principio, atrás. Se resolvió a través de la firma de una póliza o seguro de caución en Nueva York, opción que comenzó a analizarse durante el último trimestre de 2020 con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y continuó luego con su reemplazante, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Los “ruidos” –como lo calificó una de las fuentes- que rodean a las negociaciones incluyen, pero no se agotan, en las últimas declaraciones públicas de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien acusó al Gobierno de intentar imponerle a Pfizer un “intermediario”, al que no identificó, como condición para firmar el contrato.
“No firmar el contrato es el hecho de corrupción”, afirmó. “A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”.
En las horas que siguieron, el Presidente anunció que iniciaría acciones legales contra Bullrich, al igual que González García, quien este miércoles le envió una carta documento exigiéndole que se retracte en el plazo de 48 horas. Si no, le comunicó, le reclamará una indemnización que donará a la cooperadora del hospital público de su ciudad, San Nicolás.
Desde Pfizer, en tanto, emitieron un comunicado escueto con el visto bueno de Buenos Aires, Brasil y Nueva York: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19”.
Para Bullrich, “el comunicado de Pfizer no niega nada” de lo que ella había dicho. “Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”, anunció, mientras evalúa con sus abogados radicar una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py para que se inicie una investigación sobre las tratativas entre Pfizer y el Gobierno.
De Estados Unidos a Brasil
Por su parte, Pfizer activó sus protocolos de “compliance”, dado que cotiza en Estados Unidos y afronta el riesgo de que la Comisión de Valores de ese país (SEC, por sus siglas en inglés) abra una investigación. Por ese motivo, desde Buenos Aires reportaron a la casa matriz en Nueva York.
Ahora, mientras que el Gobierno se ilusiona con una “inundación” de vacunas, como dijo un allegado del Presidente a LA NACION, que debería concretarse durante las próximas semanas, lo que apaciguaría los ánimos, lo que ocurre en Brasil podría servir de espejo para la Argentina.
Ante la Comisión de Investigación Parlamentaria, el CEO de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo, testificó que el gobierno de Jaír Bolsonaro ignoró las ofertas de vacunas que le ofreció el laboratorio y que le hubiera reportado el arribo de 1,5 millón de vacunas en diciembre de 2020.
Murillo detalló que Pfizer le presentó seis propuestas al Ejecutivo brasileño entre agosto de 2020 y febrero de este año, con ofertas válidas por quince días. Pero en ese plazo Brasil no respondió, en tanto que el Gobierno argentino consideró inviables esos mismos plazos, dados “los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública”, le reprochó González García a Pfizer en una carta del 11 de diciembre cuya copia obtuvo LA NACION.
En el caso brasileño, Murillo explicó que el silencio fue la respuesta que cosecharon. “Nuestra oferta del 26 de agosto, al ser vinculante, y al estar en este proceso (de negociación) con todos los gobiernos, era válida durante 15 días (…) El Gobierno de Brasil no la rechazó, pero tampoco la aceptó”, explicó. Eso se repitió en septiembre, sin recibir respuesta hasta noviembre.
El CEO de Pfizer para América Latina también declaró ante el Congreso brasileño que el Ministerio de Salud de ese país consideró que las cláusulas del contrato planteadas por el laboratorio eran abusivas. “No estoy de acuerdo con la calificación de las cláusulas como leoninas. En esta pandemia, Pfizer asumió un riesgo sin precedentes en una situación sin precedentes que requirió que todos colaboraran en este proceso. Por eso Pfizer exigió a todos los países que le exigió a Brasil”, sostuvo.
Al igual que otros 110 países –entre los que no figura la Argentina, donde el Congreso, ni la Justicia tampoco impulsaron una investigación-, Brasil finalmente llegó a un acuerdo con Pfizer en marzo de este año. Un mes después comenzó a recibir vacunas.
