El Presidente se refirió a Lenín Moreno, quien echó a su vicepresidente, Jorge Glas, mientras era investigado por el escándalo de corrupción
QUITO (AFP).- El lunes pasado el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista televisiva que indagó en la relación con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, y con el objetivo de borrar dudas y descartar las versiones que indican que ambos funcionarios no tienen un buen vínculo dijo una frase que desató el malestar en el gobierno de Ecuador: “Yo no soy Lenín Moreno”.
Así, con esas cinco palabras, el mandatario argentino aludió su par ecuatoriano, quien ganó las elecciones hace cuatro años apoyado por el exmandatario Rafael Correa pero luego, al asumir el cargo, lo abandonó y se distanció de su figura, lo que para muchos fue entendido como una traición. Y quien además a tres meses de llegar al poder echó a su vicepresidente, Jorge Glas, mientras era investigado por el escándalo de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.
“Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen. Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, pero acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina”, agregó el mandatario en diálogo con C5N y causó un revuelo que hace unas horas llevó a Ecuador a tomar una decisión.
El país llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Juan José Vásconez, para realizar un “análisis exhaustivo de las relaciones”, según anunció la cancillería ecuatoriana tras una “enérgica protesta” de Quito ante los dichos de Fernández.
“El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en la Argentina Juan José Vásconez, con el objeto de proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el gobierno del presidente Alberto Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes”, señaló el comunicado.
Asimismo la cancillería indicó que Quito presentó una “enérgica protesta” ante Buenos Aires por los dichos de Fernández contra Moreno, lo que fue considerado como “intervención en los asuntos internos”. El gobierno ecuatoriano “rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado”, explicó otro comunicado.
En su carta de protesta, dirigida a la cancillería argentina a través de Vásconez, Ecuador indicó que “no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente” Moreno.
Esta no es la primera tensión que se registra entre la Argentina y Ecuador. En octubre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, el gobierno de Moreno expresó su “rechazo y disgusto” por las expresiones consideradas ofensivas del entonces embajador argentino en Quito, Luis Alfredo Juez, en contra de los ecuatorianos al decir en una ocasión que se cambió de ropa para evitar comentarios de que se había convertido en un “mugriento” por haber agarrado “hábitos ecuatorianos”.
“Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo (norte). Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme”, explicó después Juez, quien tiempo después fue reemplazado.
Vicepresidente
Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Rafael Correa, mantiene en la actualidad una fuerte pugna con el exmandatario. El presidente ecuatoriano, cuyo mandato de cuatro años concluirá el próximo 24 de mayo, llegó al cargo aupado por Correa, quien lo califica de “traidor”.
Correa, quien vive en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción y también enfrenta un juicio por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012. El exgobernante socialista, quien se considera un perseguido político del gobierno de Moreno, sostiene que enfrenta casi cuarenta procesos judiciales en el país, varios por presunta corrupción.
“El sistema de justicia del Ecuador goza en la actualidad de absoluta independencia y autonomía en todos sus actos y, el trabajo que viene realizando en la lucha contra la corrupción, tiene el único propósito de devolver el estado de derecho y la libertad de acción al poder judicial ecuatoriano”, indicó la cancillería ayer.
LA NACION
