CORDOBA.- Juan Schiaretti fue el único gobernador peronista que no firmó la carta de apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para solucionar el problema de la policía bonaerense. Desde el círculo íntimo del cordobés indicaron que desde la Rosada no lo consultaron y, además, su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, sostuvo que la posición de Córdoba es que la «discusión de la coparticipación» implica un tema «central para el afianzamiento del federalismo y el desarrollo del país».
Varias de las administraciones que aparecen firmando la solicitada»Reducir desigualdades para una Argentina Federal» hacen críticas por detrás a la «señal» que implica gestionar la coparticipación por decreto más allá de que en esta oportunidad el efecto es neutral para el resto de los distritos del país.
«Para avanzar es necesario primero abordar la distribución primaria, es decir replantear que proporción de la masa de recursos se apropia la Nación y que parte se distribuye entre las provincias», dijo Giordano y planteó que hay que «corregir la excesiva asignación de recursos al nivel nacional que no se condice con el régimen federal que prevé la Constitución, que le asigna la responsabilidad a las provincias de administrar y financiar los principales servicios que provee el Estado, como es la educación básica, salud pública, seguridad y justicia».
Agregó: «Una vez replanteada la distribución primaria ampliando el financiamiento de las provincias es factible y viable abordar la distribución secundaria, es decir que porcentaje se le asigna a cada provincia».
Ayer el diputado nacional de Córdoba del Frente de Todos, Eduardo Fernández, vía Twitter calificó de «incomprensible» la postura de Schiaretti «de no apoyar» la medida anunciada por el Presidente «para comenzar a reestablecer el equilibrio distributivo». Interpretó que la decisión «abre la posibilidad de retomar el debate por la coparticipación».
«Es muy preocupante que prime la especulación por sobre los intereses no sólo de la provincia sino también de la Nación, teniendo en cuenta la repudiable manifestación antidemocrática que sufrimos», añadió, en relación al modo de reclamo de los efectivos de la Bonaerense.
El miércoles el gobernador -como hicieron todos sus colegas- respaldó al Presidente y condenó la modalidad de la protesta: «Estamos viviendo en Democracia y es inadmisible que las fuerzas de seguridad estén rodeando la residencia del presidente de la Nación con el fin de ejercer presión. Estas acciones socavan la institucionalidad del país».
En 2013 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, volvió a demandar al gobierno nacional ante la Corte Suprema en reclamo del 15% de los fondos de coparticipación federal que la Nación le retiene. Exigió la devolución del dinero que «ilegalmente le fueron retenidos a la Provincia de Córdoba» desde 2012 y hasta la actualidad.
En agosto de 2012 la Legislatura provincial dio de baja la adhesión de Córdoba al Pacto Fiscal firmado en 1992 entre la Nación y las provincias. Con ese argumento, Córdoba intimó al Estado nacional y el Banco de la Nación Argentina a cesar con la retención 15% pero no obtuvo respuesta desde Buenos Aires.
El Estado cordobés ya tenía otro juicio contra la Nación por una deuda de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones provincial por $ 1.040 millones desde 2011.
En noviembre de 2015 la Corte Suprema falló a favor de la provincia, Santa Fe y San Luis y además de impedir que siguieran los descuentos ordenó la devolución de las detracciones realizadas en las coparticipaciones desde 2006. Fue la puerta para que la gestión de Mauricio Macri acordara con todo el resto el reintegro de dinero y el corte de los descuentos.
Además de en esta oportunidad, Schiaretti asumió posiciones diferentes a la de la Rosada cuando fue el intento de estatización de Vicentín y en el proyecto de reforma judicial.
