La iniciativa del oficialismo propone que los trabajadores cuenten con más plazo para reclamar de manera legal sobre desvinculaciones de las firmas donde trabajaron
Los empresarios agrupados en la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su preocupación sobre un proyecto oficialista en el Senado que modifica los plazos de prescripción de los créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y que ya cuenta con dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores tendrían más tiempo para reclamar de manera legal sobre desvinculaciones de las compañías para las que trabajaron.
El dictamen reemplaza el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral: propone tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás.
El dictamen extiende el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral:
A través de un comunicado, la UIA alertó que la extensión de los plazos de prescripción es “desacertada” no solo porque “perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo”, sino porque “impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo”, en particular en un “contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país”.
Según expresaron los industriales, la iniciativa “carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo”.
Además, desde la entidad lamentaron que durante el trabajo de la Comisión, el sector empleador no fue convocado en ninguna instancia. Para los empresarios, los plazos que están vigentes en la práctica ya son mayores a los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo en varias jurisdicciones, si se tienen en cuenta las suspensiones o interrupciones dispuestas. Por ejemplo, seis meses en la ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, consideraron que la extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresa, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal.
En un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años
En su mensaje, los industriales recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”.
Al comparar el plazo bianual del fuero del trabajo con el plazo decenal de la ley civil, la entidad consideró que si “se entendió razonable el plazo de dos años, mucho más debería serlo ahora”, al verse reducido a la mitad, pasando de 10 a 5 años en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Según la UIA, el proyecto “tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortar los plazos”.
“En un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años”, enfatizó.
En los últimos días, la UIA también había expresado su malestar frente a un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones al Trabajo que obligó a una empresa a pagarle el 100% del sueldo a una empleada que había sido suspendida y estaba cobrando el 75%. Consideraron que la decisión puede ser el comienzo de una “catarata de juicios”.
El comité ejecutivo de la UIA discutió esta semana al respecto y el abogado laboralista y vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, sostuvo que la entidad debería presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema para plantear los argumentos el contra del fallo. “La lógica es que vayan a la Corte y ahí se discutirán los alcances de este acuerdo colectivo. No hay ningún argumento jurídico para reafirmar esa sentencia”, manifestó el directivo. (Fuente: Infobae)
