Lo dictó el Juez Alejo Ramos Padilla
La Justicia centró la investigación en personas que eran niños cuando sucedieron los crímenes de lesa humanidad, por lo que sería oportuno ampliara la misma a otros hechos, tal el caso de la no aprobación de un proyecto de ley de mediados de la década del ochenta, con media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia, que proponía la expropiación de los bienes.
En un artículo del periodista Lucho Soria publicado en el portal web de la Agencia de Noticias ANRed, se señala que en la causa, en la que también se investigan crímenes de lesa humanidad, se analiza el origen y el destino dado a las millonarias sumas de dinero que Aníbal Gordon y su grupo obtuvieron a partir de los secuestros, torturas y privaciones ilegitimas de la libertad llevada a cabo en el marco del terrorismo de estado”
En particular, se expuso el caso del uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue privado ilegalmente de su libertad el día 26 de septiembre de ese 1976 en un procedimiento conjunto realizado por fuerzas uruguayas y argentinas, estas últimas bajo el mando de Aníbal Gordon en el marco del Plan Cóndor.
De lo actuado surge que las fuerzas conjuntas irrumpieron de forma violenta en el domicilio en el que éste vivía junto con su familia en la ciudad de Buenos Aires y le sustrajeron una suma de entre 2 a 8 millones de esa moneda extranjera. Su cuerpo fue hallado a los pocos días dentro de un tambor arrojado en la desembocadura del Río Luján e identificado años más tarde en mayo de 2012, por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
A partir de las pruebas recabadas en la causa se pudo determinar que parte del dinero sustraído fue destinado a comprar dos terrenos en Chascomús para construir allí un barrio náutico, que finalmente se vio frustrado por una interna que se produjo con otra facción del gobierno militar, encabezada por Saint Jean y Ramón Camps, que ingresó por la fuerza a los terrenos del grupo de Gordon, privó de la libertad y torturó a los trabajadores contratados para llevar adelante las edificaciones y reformas.
El mega proyecto inmobiliario de Aníbal Gordon y su gente, conocido como “Boating”, se frustró y durante años los terrenos fueron abandonados.
La nota de ANRed, señala posteriormente que en la actualidad las tierras están a nombre de hijos de un integrante de la banda de Aníbal Gordón, tras operaciones inmobiliarias cuestionadas que según el juez constituye el delito de lavado, por haber “blanqueado” bienes que tenían un origen ilícito, vinculado con crímenes de lesa humanidad.
Al respecto y coincidente con la continuidad de la nota de ANRed, la periodista Giselle Tepper fue entrevistas días atrás por la radio FM Volver, informando que el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla había ordenado el procesamiento de las tres personas (tres de los mencionados hijos) que declararon y dispuso el embargo por seis millones y medio de pesos sobre estas parcelas de tierra como objeto de futuro decomiso.
Otros antecedentes
De aquí en más habrá que seguir con atención cómo evoluciona esta causa, donde hasta el momento hay procesados y no condenados, habida cuenta que los mismos eran niños cuando ocurrieron los trágicos hechos que involucraron a la Triple A, y muy jóvenes cuando se registraron las titularidades de dominio, que no es claro si fueron hechas por ellos.
Lo cierto es si los bienes son mal habidos es correcto que intervenga la Justicia y disponga si los mismos pertenecen a quienes fueron despojados del dinero o si su destino sería público; no obstante no deja de llamar la atención que los únicos procesados por “blanqueo” de bienes con origen ilícito vinculado con crímenes de lesa humanidad, sean personas que eran niños cuando sucedieron los crímenes.
Hay también otras circunstancias sobre estas tierras que deberían ser motivo de investigación, tal el caso de un proyecto de ley del Senador Provincial Miguel Angel Tocci, de mediados de la década del ochenta con media sanción en la Cámara de Senadores, que proponía la expropiación de las parcelas y que finalmente no fue aprobado.
La justificación del proyecto de ley, por parte del legislador chascomunense, fue impecable si se tiene en cuenta que hablamos de hace 33 años atrás, mencionándose en ella el accionar del terrorismo de estado, incluida la desaparición de niños.
Qué ocurrió luego del giro del proyecto a la Cámara de Diputados, es algo que EL FUERTE no pudo conocer; concretamente no está claro si entró en la Cámara Baja y si lo hizo, si se lo trató y rechazó.
En cualquiera de los dos casos hubo intervención de personas, y quizá sería oportuno que el Juez indagara esos hechos y determinara cuales fueron los impedimentos por los que no sancionó finalmente el proyecto.
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