La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, promulgó ayer la ley que prorroga por un año tanto la emergencia administrativa y tecnológica como la emergencia en materia de infraestructura en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Las medidas, sancionadas el 12 de abril por la Legislatura, extienden las emergencias aprobadas en 2016 y prorrogadas el año pasado por decreto.
Al solicitar la prórroga, en la iniciativa Vidal sostuvo que «pese al arduo esfuerzo realizado desde las distintas áreas del gobierno provincial, persisten en la actualidad las causales que motivaron tales declaraciones, que fueran originadas como consecuencia de los años de desinversión, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz».
«En el convencimiento de que con esfuerzo, trabajo y dedicación se podrá avizorar un futuro mejor para la provincia y sus habitantes, se tornan necesarias las herramientas para seguir corrigiendo las falencias que llevaron al Estado a distanciarse de las necesidades de su población», señaó en el texto de la norma.
Las emergencias, promulgadas a través del decreto 344 publicado hoy en el Boletín Oficial, le permiten al Ejecutivo utilizar mecanismos de excepción para los procesos de licitación y contratación de obras y bienes con el objetivo de agilizar esos procedimientos.
En ese marco, autoriza a ministerios y secretarias a ejecutar obras y contratar provisión de bienes y servicios bajo los mecanismos de excepción. No obstante, la ley establece que, previo a la adjudicación de los contratos, los ministerios deberán dar intervención a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría de Gobierno, los que tendrán un plazo de siete días para expedirse y si en ese plazo no emiten dictamen se entenderá que no existen objeciones.
La normativa también faculta a los ministerios, secretarías y entes autárquicos a rescindir, renegociar, aumentar o disminuir hasta un 35 por ciento las prestaciones y montos de los contratos actuales, entre otros puntos.
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