La concesión para la “modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado” de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo plazo de operación vencía hoy, fue prorrogada por 90 días a favor del actual prestatario, el consorcio Hidrovía SA, integrado por la empresa belga Jan de Nul y su par Emepa, del empresario bonaerense Gabriel Romero.
Esta extensión se produce de cara al nuevo proceso que pondrá en marcha el Gobierno nacional en los próximos meses para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal -los canales fluviales del río Paraná- que existe en el país y en el marco de una fuerte presión de sectores de oficialismo para avanzar con una estatización de la gestión de la Hidrovía.
Gabriel katopodis, el ministro de Obras Públicas, temporalmente a cargo de la cartera de Transporte por el fallecimiento el fin de semana pasado de Mario Meoni, firmó la correspondiente resolución con la prórroga, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
Eso significa que, tal como venía ocurriendo, el concesionario privado realiza los servicios encomendados por el Estado y a cambio les cobra directamente a los barcos transportistas de carga que navegan por las vías fluviales. Se trata de unos 6 mil barcos por día. Por la Hidrovía salen del país unos 80 mil millones de dólares al año.
Katopodis -en declaraciones radiales- precisó que “se prorrogó la concesión por un plazo de 90 días hasta que se resuelva la cuestión de fondo y estructural que es cuál va a ser la gestión sobre una vía navegable estratégica”. Agregó que “vamos a tomar el tiempo necesario para abordar la decisión correcta y llegar a las conclusiones, en acuerdo y en diálogo con los gobernadores, pero defendiendo los intereses de nuestro país”.
La prórroga por 90 días abrirá una suerte de transición a partir del 1º de mayo en adelante y, una vez que se cumpla el plazo de tres meses, las autoridades deberán definir si habrá una nueva licitación para concesionar la vía navegable troncal de la Argentina a un prestatario privado o si se optará por otro formato o modalidad, con un retorno de funciones al Estado.
En ese sentido, en los últimos meses, ante la proximidad del vencimiento de la concesión a Hidrovía SA, sectores políticos y gremiales que forman parte del Frente de Todos venían reclamando que no se concretase esa prórroga y plantearon una serie de propuestas para el funcionamiento de la vía navegable.
Una de ellas era que, tras un período de transición, se realice una nueva licitación para que puedan presentarse otras empresas y además se defina un nuevo tipo de funcionamiento, en el que haya más control e incluso un rol más activo del Estado en la actividad.
Otra alternativa sería la creación o el fortalecimiento de un ente o empresa estatal para que el mantenimiento del tramo correspondiente a la Argentina de la Hidrovía Paraguay-Paraná quede directamente a cargo del Estado Nacional, acaso asociado con las provincias ribereñas.
Al respecto, oportunamente el Gobierno nacional se propuso junto a los actores del sector agroexportador, universidades, organizaciones ambientalistas y otras instituciones, planificar el desarrollo de la Hidrovía a mediano y largo plazo, con el fin de modernizarla y mejorar la competitividad de ese canal de navegación, por donde sale el 80% de las exportaciones del país.
En medio de esto, tanto el oficialismo como la oposición, coincidieron en el Senado en la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal de Argentina. (DIB)
