Alcanza a los tres poderes del Estado, en las comunicaciones dirigidas a los ciudadanos.
El senado de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que tiene como objetivo la promoción, el uso y el desarrollo del lenguaje claro en textos legales y formales. Se busca de esa manera simplificar la comprensión de los textos oficiales.
“Se entiende por lenguaje claro, el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano”, explica la norma.
El alcance de la ley incluirá los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, entes públicos no estatales y empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Además, el ejecutivo de la Provincia deberá elaborar un instructivo para su aplicación y es obligación para los poderes y entidades alcanzadas, incorporar esta iniciativa dentro de sus planes de comunicación.
“Me parece necesario tener una ley de lenguaje claro en la provincia de Buenos Aires principalmente porque tenemos la obligación como funcionarios de garantizar la comprensión de todos los derechos y obligaciones que tienen los vecinos. Creo que es clave la comunicación y que las decisiones que se tomen se puedan transmitir de una forma clara y efectiva, para eso es necesario usar un lenguaje claro y transparente”, explicó la Diputada de JxC Laura Aprile, impulsora del proyecto.
En la misma línea, la diputada destacó que el uso del lenguaje claro promueve el derecho al acceso a la información pública, da previsibilidad y seguridad con respecto a las decisiones.
Desde la legislatura provincial prevén que la sanción de la ley “vuelva a la administración pública más eficiente, ya que evita que las entidades tengan que destinar tiempo y recursos para aclararle al ciudadano la información que los mismos perciben como poco precisa. También, va a permitir que los ciudadanos ejerzan un control democrático sobre los actos públicos y esto va a reducir la discrecionalidad y fomentar la rendición de cuentas”. (DIB)
