En una cumbre en tierra porteña, Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver a la Corte Suprema el viernes para pedir que intime al Gobierno de Mauricio Macri a cumplir (bajo apercibimiento de sanciones) con la medida cautelar y pagar ya la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal que ordenó a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin erosionar la coparticipación.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó a Ambito que la intención es “pedirle a la Corte que haga cumplir la medida cautelar dispuesta en las sentencias, bajo los apercibimientos legales que correspondan, de índole civil e incluso de orden penal en el caso de que encuadrase en una desobediencia a la sentencia judicial”.
“Es una resolución que ya está firme y no sujeta a ninguna apelación, a pesar de que el Gobierno nacional manifestó imposibilidad de cumplimiento y pidió una audiencia; frente a ese pedido, que vemos que puede ser una maniobra dilatoria, exigimos el cumplimiento inmediato, porque la sentencia ya tiene efectos”, remarcó. La causa iniciada por la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet fue la citada en el fallo de la Corte.
La estocada de las provincias tomará la forma el viernes de presentaciones individuales ante la Corte de cada distrito (aunque bajo un formato común). Santiago del Estero se adelantó y lo hizo hoy, pero sin monto.
Precisamente, la discusión sobre el monto sigue con final abierto por las dificultades para elaborar ese cálculo (involucra a tributos de naturaleza distinta, con distintas formas de liquidación y distintos plazos).
La apuesta ahora de los distritos es que el Gobierno haga cumplir en lo inmediato la sentencia, “a través del organismo de recaudación de los tributos, que es la AFIP, y con el control de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) como órgano de aplicación y cumplimiento de la Ley 23.548, de Coparticipación”.
Mientras tanto, algunos distritos se apoyan en un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que estimó en $ 47.395 millones el costo de las medidas para las provincias.
La avanzada terminó de pulirse en la sede porteña de la CFI, donde se autoconvocaron los enviados provinciales para blindar los pasos a seguir.
Hubo en rigor funcionarios de 18 provincias, porque se sumaron tres que no accionaron aún: Mendoza, Chaco y Río Negro.
La estrategia incluyó una primera reunión, pasadas las 11, de los Fiscales de Estado, para discutir la metodología del cálculo y la letra chica de los planteos. En su inicio, un aplauso celebró la cosecha positiva de la embestida judicial, para luego abocarse a la discusión técnica.
