Hay al menos 300 conflictos con comunidades indígenas en todo el país. Las tomas y los enfrentamientos en Villa Mascardi son solo uno de esos casos, que se suma a una extensa lista de reclamos territoriales históricos que el Estado aún no pudo resolver.
El dato surge de un relevamiento de Amnistía Internacional a partir de denuncias e informes de sus colaboradores en el interior. El mismo sondeo, que se actualiza periódicamente, indicaba hace tres años que los casos eran 200.
Además de Río Negro, una de las provincias con gran cantidad de conflictos territoriales, hay disputas a lo largo y ancho de toda la Argentina, con focos en la Patagonia y en el norte argentino. Jujuy, Salta, Misiones y Chubut acumulan el mayor número de casos.
A medida que se apilan viejas y nuevas exigencias de comunidades aborígenes que reclaman tierras fiscales o privadas por tener un vínculo ancestral y sagrado con ellas, hace 14 años que el Estado tiene la obligación de relevar todos los conflictos del país como punto de partida para encontrar una solución. Todavía no lo cumplió.
La ley 26.160 estableció en 2006 un primer paso para el reconocimiento estatal de los derechos de los pueblos originarios, prohibió los desalojos y puso un plazo de cuatro años para que el Gobierno elabore un registro de tierras ocupadas por las comunidades. Ante la demora en cumplir con ese relevamiento, la ley se prorrogó cada vez que se agotó el plazo que vuelve a vencer en 2021. El oficialismo prevé prorrogarla una vez más.
«Hay una deuda histórica de todas las administraciones de los últimos años sobre la situación indígena. La ley tiene que servir para hacer un diagnostico de situación a nivel nacional para pensar esquemas de devolución y reivindicación de tierras. Eso nunca pasó», dijo a LA NACION Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
El mapa nacional de casos elaborado por la organización detalla la complejidad de todos los conflictos. Si bien la mayoría -más de 200- son en esencia territoriales, también hay disputas por hechos de violencia, desalojos, cuestiones ambientales, por criminalización de las comunidades o por problemas con la personería jurídica de los indígenas. Además, hay 20 casos registrados de coronavirus dentro de las comunidades.
Demoras en aplicar la ley
En el Gobierno reconocen la tardanza en elaborar el registro y aseguran que hay una decisión política de avanzar con el cumplimiento de la ley vigente. También acusan al macrismo de no haber avanzado durante los cuatro años de gestión.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es la mano del Estado encargada de impulsar las políticas de desarrollo de las comunidades aborígenes. Lo conduce la exsenadora María Magdalena Odarda.
En diálogo con LA NACION, la funcionaria adelantó que se pedirá una nueva prórroga legal para elaborar el registro de disputas, pero subrayó que cuando termine la etapa de aislamiento se entregarán entre 120 y 130 reconocimientos del Estado de la «posesión ancestral actual y pública» a comunidades que lo requirieron.
«Luego de un estudio técnico y antropológico serio se emite una resolución por la cual se le da reconocimiento sobre esas tierras a una comunidad indígena. Durante todo ese plazo no se pueden llevar adelante desalojos judiciales respecto de esas tierras», explicó la funcionaria.
¿Qué pasa con los terrenos que reclaman las comunidades pero que son propiedad de privados? «Como se trata de tierras muchas veces con intereses inmobiliarios o productivos puede haber algún tipo de conflicto, pero para ello tenemos un departamento jurídico que interviene en las causas judiciales que se puedan generar», respondió Odarda.
Como paso adicional al registro de conflictos, el Gobierno trabaja en un proyecto de «ley nacional de propiedad comunitaria indígena», que establecería caminos para resolver disputas con privados. «Si por alguna razón no se puede devolver la propiedad, se pueden ofrecer tierras aptas y suficientes en algún otro lugar donde ya se han producido reubicaciones en distintos procesos de la historia. Las provincias incluso han cedido tierras a comunidades indígenas», detalló la titular del INAI.
La reubicación de las comunidades en otros terrenos que no son los reclamados es una cuestión compleja que escapa a la lógica mercantil de loteo de tierras.
«Los indígenas tienen un vínculo cultural, simbólico, con la tierra. No se creen dueños de la tierra, sino que generan un vinculo de ida y vuelta, de subsistencia con ese territorio. Eso hace que los que pueden ser relocalizados son las comunidades criollas, no las indígenas. Tienen un arraigo, un vinculo sagrado porque entierran ahí a sus ancestros. Hay que respetar esa lógica cultural», concluye García Rey.
