La Cámara Electoral quiere que el telegrama que se le envía a las 204.000 autoridades electorales sirva como un “voucher de vacuna” que les asegure a estas personas completar su inoculación lo antes posible. El gobierno insiste en respetar al máximo el plan de vacunación nacional ya trazado para la pandemia
La organización de las elecciones legislativas desató, en plena pandemia, disputas por políticas sanitarias que atraviesan a los distintos poderes del Estado. La Cámara Nacional Electoral advirtió al Gobierno en junio que era necesario que todo el personal que participe de los comicios esté vacunado con dos dosis, una exigencia que, a menos de siete semanas de las PASO, eleva día a día los niveles de tensión entre la Justicia y la Casa Rosada.
La pelea de fondo es por las autoridades que cuidarán las urnas en todo el país. La Cámara Electoral quiere que el telegrama que se le envía a las 204.000 autoridades electorales sirva como un “voucher de vacuna” que les asegure a estas personas completar su inoculación lo antes posible. El gobierno insiste en respetar al máximo el plan de vacunación nacional ya trazado para la pandemia que, para septiembre, debería tener -sostienen- a todas las autoridades de mesa vacunadas con dos dosis.
La temperatura subió en los últimos días cuando el Gobierno y la Cámara Electoral dejaron expuestos sus desacuerdos en notas formales cruzadas a las que accedió Infobae. La tensión había comenzado hace meses, ante la primera advertencia judicial por la vacunación completa, en épocas en que las vacunas no abundaban. Desde el Ministerio del Interior propusieron que la convocatoria para autoridades electorales se hiciera entre personas vacunadas, algo que la Justicia rechazó porque viola el derecho de libre elección del personal que participa de los comicios.
Desde la Cámara Electoral remarcaron la necesidad de garantizar que las autoridades electorales, como los presidentes de mesa, sean designados mediante un sistema aleatorio que no contemple ningún filtro, ni siquiera el de personas vacunadas porque eso -argumentan- puede condicionar las garantías de imparcialidad en el comicio.
“Teniendo en consideración que la autoridad sanitaria [Ministerio de Salud] se ha expresado de manera negativa indicando que ‘no resulta necesario introducir mecanismos ni estrategias adicionales para su vacunación’… resulta imprescindible reiterar al Ministerio del Interior la ineludible necesidad de que se arbitren los medios para incorporar a las personas designadas por la justicia nacional electoral como autoridades de mesa en el cronograma de vacunación en curso”, sostiene la nota enviada al Ministerio del Interior que fue firmada el miércoles por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. “Las autoridades de mesa son la principal garantía de imparcialidad y neutralidad de los comicios”, agregaron.
Desde el Ministerio del Interior habían enviado el pasado 10 de julio una nota a la Cámara Electoral en la explicaban que no sería necesario una vacunación exclusiva para los presidentes de mesa porque el plan nacional de vacunación ya habrá avanzado lo suficiente para el 12 de septiembre, la fecha de la elección, y que entonces todas las autoridades de mesa ya deberían estar inoculadas para ese momento.
“Llegado el momento de la realización de los comicios, y en el caso de que hubiera personas que no se han vacunado, el Ministerio de Salud arbitrará los medios para que lo hagan”, aseguró Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos en la nota a la que accedió Infobae. Es decir, si el plan de vacunación no alcanza, se podría habilitar una vacunación especial para autoridades electorales.
Pero desde la Justicia apuntan que no está claro cuál será la metodología que se utilizará para vacunar a las autoridades electorales y no hay certezas sobre segundas dosis disponibles para ese momento, más cerca de las elecciones, en especial por los faltantes que se presentan para quienes se aplicaron la Sputnik V. Tampoco se conoce -agregan- cuál será la estrategia para los presidentes de mesa que no tengan aplicada ni una sola dosis y que, en ese caso, deberían recibir dos dosis en tiempo récord para completar la pauta de vacunación.
“El Ministerio de Salud nos pide que nos quedemos tranquilos, que el plan de vacunación va a alcanzar a todos para ese momento, pero nosotros necesitamos que nos aseguren que los convocados pueden ser vacunados con su notificación como una especie de ‘voucher’. No vamos a ceder: el universo de los convocados tiene que ser aleatorio, no puede ser sólo entre personas vacunadas”, insistieron desde la Cámara Electoral.
Al malestar por las vacunas se le agrega la negativa del gobierno para comprar las mamparas que pidió la Cámara Electoral para instalar en todas las mesas, elementos de protección que separaría a las autoridades de los miles de votantes que se acercan a las urnas durante las PASO. El Ministerio del Interior explicó que no hacían a tiempo para realizar la compra a través de una licitación pública. En la última carta, firmada el pasado miércoles, el tribunal pidió que se le brindara un precio de referencia para que fueran los juzgados de cada provincia los que procedieran en la adquisición de estos elementos.
Telegramas en camino
La Cámara Electoral dispuso el mes pasado que para estas elecciones no se podrá convocar a mayores de 55 años como autoridades electorales, una medida para evitar que los grupos de mayor riesgo ante el coronavirus se expongan a los contagios. Los mayores de 50, sin embargo, también están entre los más golpeados por el Covid-19 en este 2021. La franja que comprende entre 50 y 59 años duplicó su mortalidad este año, sobre todo, por la falta de vacunación de este grupo en el momento del pico de la segunda ola.
Además de limitar la edad máxima de los convocados, la Cámara Electoral firmó una acordada el pasado 10 de junio que ordenó la convocatoria de una tercera autoridad de mesa (siempre son presidente y suplente) ante posibles deserciones por la pandemia. Sin embargo, la vacuna asegurada también podría ser un incentivo, incluso entre los más jóvenes, para completar la pauta de vacunación que en muchos casos podría estar incompleta.
La convocatoria de los presidentes de mesa quedará a cargo de los juzgados electorales de cada provincia que, dentro de los criterios generales fijados por la Cámara Electoral, puede establecer algunas prioridades. Tucumán, por ejemplo, suele citar como autoridades de mesa a estudiantes universitarios, un grupo que, por su edad, suele estar entre los menos afectados por el Covid-19, recordó una fuente judicial. Los docentes, designados personal estratégico por la pandemia, también pueden ser otros de los más convocados, comentaron desde tribunales.
La situación comenzaría a definirse en los próximos días. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comenzó la semana pasada a enviar los telegramas para convocar a las autoridades de mesa. Pero el proceso es largo, porque incluye demoras en las notificaciones, apelaciones o rechazos, entre otros trámites. La última palabra será a mediados de agosto, cuando los comicios estén a tres semanas, el tiempo necesario para que haga efecto la vacunación.
“Vamos a seguir de cerca lo que pase con las vacunas y un mes antes resolveremos si hace falta apuntalar a las autoridades con algunas vacunas. Estos números cambian todos los días”, explicó una fuente judicial bonaerense. La provincia de Buenos Aires envió las primeras cartas documento entre los 73.000 presidentes de mesa bonaerenses. Los integrantes del juzgado federal N°1 de La Plata, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, ya fueron vacunados como personal estratégico para la elección legislativa.
Más allá de las especulaciones sobre lo que pueda ocurrir con la vacunación en septiembre, los números actuales le dan margen al gobierno para inocular hasta con dos dosis a todas las autoridades de mesas, siempre que se prevean los tiempos necesarios. El stock de vacunas actual es de 11,2 millones, que incluye segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca. La cantidad de autoridades electorales a vacunar es un número que los centros de vacunación de todo el país podrían concluir en un día si hiciera falta.
(Fuente: Infobae)