El gobierno de la Ciudad prepara una estrategia judicial en dos tiempos para reclamar ante la Corte Suprema por el recorte de fondos dispuesto por la Nación. De inmediato busca frenar con una medida cautelar la pérdida diaria de ingresos por la coparticipación federal y a largo plazo pretende obtener la nulidad, por inconstitucional, del decreto del presidente Alberto Fernández que la privó de ese dinero.
El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta firmó un decreto en el que instruye a la Procuración General de la Ciudad a accionar judicialmente contra la Nación. En los fundamentos de ese decreto se adelantan los argumentos de lo que constituirá el escrito que presentará en las primeras horas de la semana próxima el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa.
Allí se mencionan los antecedentes de los convenios suscriptos entre la Ciudad y la Nación para definir el monto de la coparticipación con relación al traspaso de la policía y se sostiene que el decreto de Alberto Fernández que redujo el porcentaje se trata de «un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional» que «implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad». Además, Rodríguez Larreta argumentó en el decreto que busca «agotar instancias políticas y judiciales» para preservar la «autonomía de la Ciudad».
Las transferencias de fondos de coparticipación se realizan a través del Banco de la Nación Argentina, en forma diaria y automática. Por eso, si la Corte no frena el decreto de Alberto Fernández, el perjuicio para la Ciudad será permanente.
Los fundamentos del escrito en el que trabajan Astarloa y el equipo de la Procuración son que el asunto se trata de un caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que no hay que plantearlo ante un juez de primera instancia y eventualmente ante la Cámara de Apelaciones, sino que es uno de esos asuntos que trata directamente el máximo tribunal. Esto es así porque se trata de un conflicto entre la Nación y la Ciudad, que está asimilada al status que tienen las provincias para acceder por competencia originaria al máximo tribunal.
La Corte dijo en los precedentes llamados Nisman, Corrales y Bazán que la Ciudad puede litigar como cualquier provincia. El último fallo -con la disidencia de Elena Highton de Nolasco- es del 4 de abril de 2019, en un conflicto entre Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, donde la Corte declaró la competencia originaria para intervenir en esa demanda.
En el gobierno porteño trabajan en una acción integral de fondo que contemple la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 735/20 de Fernández y en una cautelar para que la Corte frene la fuga de fondos y permita recomponer el dinero que la Ciudad perderá desde la firma de ese decreto hasta que salga el fallo de la Corte, dijeron a la Nación fuentes oficiales del gobierno porteño.
Mas allá de que este decreto anula un decreto anterior de Mauricio Macri que había establecido la transferencia de recursos para financiar el traspaso de la policía a la Ciudad, acá la Procuración porteña plantea que se trata de una afectación de la coparticipación. En otras ocasiones, esa coparticipación ya fue afectada por otros decretos que merecieron fallos adversos de la Corte para volver las cosas a su lugar. Por ejemplo, los fallos de 2015, apenas asumió Macri, cuando la Corte ordenó pagar fondos retroactivos a Córdoba, San Luis y Santa Fe.
