Este jueves, a partir de las 10 horas y de manera virtual, se llevará a cabo la Audiencia Pública que debatirá el ajuste tarifario de 32% acumulado que propone Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) para este año. Los aumentos se aplicarían un 20% en julio y 10% en octubre.
El último aumento fue de 27% y se llevó a cabo el primero de mayo de 2019. A partir de ese momento la tarifa permaneció congelada contra una inflación acumulada desde entonces del orden de 220 %, según datos del INDEC.
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Durante dos años, la empresa que dirige Malena Galmarini presentó al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) diferentes esquemas para actualizar la tarifa, tanto a usuarios residenciales como empresas, sin éxito.
Los informes de AYSA señalan que “los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero en el marco regulatorio”.
La empresa actualmente puede cubrir con lo percibido por tarifas una parte menor de sus gastos, dependiendo en consecuencia de los subsidios del Tesoro para su funcionamiento.
Durante el año pasado, los ingresos tarifarios sólo cubrían el 37% de los gastos operativos y mejora y mantenimiento y esta proporción se reduciría a 18% si no se ajustaran las tarifas. De todas formas, los cálculos de la empresa estatal arrojan que con el aumento propuesto sólo se cubrían el 20% de estos costos.
En estos términos, en medios de la empresa consideran que al menos sería necesario otro aumento en el año por encima de los programados.
En la actualidad, la factura promedio servicio agua y cloacas (impuestos incluidos) es de 312 pesos por mes. El 25% de los usuarios residenciales abonan la factura mínima de 192 pesos.
El 90% de los usuarios pagan menos de 518 pesos por lo que se considera que las tarifas de Aysa son las más baratas de los servicios públicos. En tanto, el 10% de los usuarios que pagan las mayores tarifas tienen una factura promedio mensual de 858 pesos.
Si la Audiencia Pública dispusiera el ajuste tarifario, los ingresos de la compañía se incrementarían en 2.772 millones de pesos.
A partir de julio la tarifa promedio se iría a 744,10 pesos (sin impuestos) y, en octubre, a 818,60 pesos.
Aysa prevé continuar con la tarifa social que abarca a unos 250.000 hogares, con un presupuesto inicial de 1.052 millones de pesos que, en principio, señalan, deberían ser aportados por el gobierno porteño y la administración bonaerense.
Con estos valores, la empresa seguirá siendo deficitaria, dependiendo de los subsidios estatales.
Deuda
Por otra parte, Aysa solicitó al ministro de Economía, Martín Guzmán, elaborar una estrategia para hacer frente a un vencimiento de deuda por 500 millones de dólares previsto para el 1 de febrero de 2023. Este endeudamiento se contrajo en los mercados internacionales durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Desde el comienzo de su gestión, Galmarini planteó este problema al Palacio de Hacienda, según señalan en la empresa. Al respecto, se intentó – sin resultados – que este pasivo fuera incluido en la refinanciación de la deuda que llevó adelante Guzmán con los acreedores privados. (DIB)
