En estado de alerta, la CGT mantuvo una reunión de urgencia ante el avance del kirchnerismo duro sobre la posible reforma del sistema de salud y en especial de las obras sociales que administran los sindicatos. Además, con las cuentas en rojo, los gremios piden asistencia económica.
Después de casi dos horas de reunión, los jerarcas cegetistas dejaron expuesta la preocupación que invadió a la sede de Azopardo tras las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es por eso que ya activaron un pedido de reunión con el presidente Alberto Fernández, con quien mantienen encuentros periódicos.
«Hay un desfinanciamiento de las obras sociales, los aportes son siempre los mismos. Hoy en día es imposible que las obras sociales se hagan cargo de los remedios de altos costos que hay», sostuvo el referente de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló.
El reclamo llegó 19 días después del último encuentro entre el jefe del Estado y los sindicalistas. Ese día, en un almuerzo en la quinta presidencial de Olivos, hicieron un repaso de la delicada situación que atraviesan las obras sociales.
Otro de los temas que generó malestar es el rumor sobre el posible regreso a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de Liliana Korenfeld, una exdiputada por Santa Cruz cercana a la expresidenta. Algunos líderes sindicales recuerdan cómo desde ese lugar Korenfeld retaceó fondos para las obras sociales.
Desde la cúpula de la CGT creen que este movimiento podría convertirse en el primer paso en línea con la advertencia que lanzó la vicepresidenta. «Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos», fueron las palabras que activaron las alarmas de todos los actores del sector sanitario: gremios y empresarios.
En medio de la presión que emerge desde el Instituto Patria y mientras el Gobierno trabaja en un proyecto para reformular el sistema, los gremios aseguraron que «la pandemia multiplicó exponencialmente los costos para la atención en los centros médicos propios y los gastos en la contratación de clínicas y sanatorios privados». Y que, por el «deterioro de poder de compra de los salarios», cayeron los ingresos de las obras sociales.
En el diagnóstico que presentaron tras el encuentro también resaltaron que los costos, producto de la pandemia, «crecieron en forma desproporcionada por efecto de las nuevas prácticas médicas, los medicamentos de última generación y la innovación en estudios y técnicas de diagnóstico».
Y, en un comunicado de prensa, agregó: «Tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder adecuarlo a los desafíos presentes y futuros y seguir sosteniendo con orgullo que los derechos inalienables como la salud deben ser defendidos sin banderías políticas para que cada ciudadano y ciudadana pueda seguir accediendo en tiempo y forma a un sistema que es modelo en el mundo».
Es por todo esto que, antes de una reforma del sistema de salud, los gremios presionan al Gobierno para lograr mayores ingresos. «Lo que hay que buscar es un financiamiento, tal vez debería ser desde el Estado. Sino aumentar el porcentaje de forma igual entre trabajadores [es el 9%] y empresarios [6%] para solventar el sistema; es la discusión que hay que dar», explicitó en diálogo con Radio La Red Héctor Daer (Sanidad), uno de los secretarios generales de la CGT.
El encuentro, del que también participaron Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (Uocra), también sirvió para dejar en claro que para la CGT el único interlocutor en el gobierno nacional es el Presidente.
«No estamos enfrentados [con el Gobierno]. Yo avalo a este Presidente, a este Gobierno. Una cosa es la vicepresidenta. Yo estoy de acuerdo con el Presidente, las opiniones son distintas. El que manda, el que tiene el bastón de mando es el Presidente y yo lo avalo; la señora vicepresidenta, por la que tengo el mayor de los respetos, tendrá que hacer la función legislativa», lanzó Caló por AM 750 antes de ingresar en la sede de UPCN.
Y agregó: «Desde 1970 las obras sociales están manejadas por los gremios y hemos dado muestras. Damos salud a 17 millones de habitantes. El gobierno nacional se tiene que preocupar por el desfinanciamiento que hay con las obras sociales en la medida que han aumentado los costos de la medicina y los aportes son siempre los mismos».
Por: Santiago Dapelo Fuente: La Nación
