Días atrás se tomó conocimiento que todas las instancias de apelación a nivel de la Provincia de Buenos Aires por el juicio de la Rifa de las Escuelas Rurales quedaron terminadas, estando vigente en la causa la ejecución de sentencia.
El caso se inició en 1995 cuando las cooperadoras de tres escuelas rurales, a través de un privado y con la participación del Consejo Escolar, decidieron realizar una rifa cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas, del que resultaron beneficiadas dos vecinas de Lezama.
Pero las ganadoras no pudieron escriturar el bien a su nombre porque el campo, de hecho, sólo contaba con un boleto de compra venta tramitado por el particular que había comprado el lote y organizado la rifa, y antes del sorteo hipotecó el terreno, que tiempo después resultó rematado judicialmente y hoy está en manos de otro propietario ajeno a la cuestión; sin que la Dirección Provincial de Cultura y Educación haya efectuado control alguno.
A esto se sumó que la gestión comunal de entonces cometió dos significativos errores: permitir la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por ordenanza, y no verificar que el campo estuviese escriturado.
Por todos esos motivos, las dos ganadoras no pudieron cobrar el premio e iniciaron la acción judicial.
Señalamos en diferentes notas publicadas al respecto que el pago de la rifa debería haberlo asumido el gobierno bonaerense desde el principio, dado que las cooperadoras son controladas por la Dirección de Cooperación Escolar, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, al igual que el Consejo Escolar que también estuvo involucrado, no habiéndose realizado, según entendemos, las acciones que correspondían por parte de los funcionarios de la Gobernación Provincial, en ese entonces a cargo de Eduardo Duhalde.
Recordamos además, que por el contrario se centró la acción judicial en un error, ciertamente cometido por el Municipio, durante la gestión del Ing. Juan Carlos Salas, al autorizar en forma incorrecta la rifa; hecho que en un poco entendible proceso judicial termina poniendo en riesgo los bienes de la Comuna.
Téngase en cuenta, que el campo hoy tendría un valor aproximado de 250.000.000 pesos, pero que además se reclama el lucro cesante por la explotación del mismo con todos los intereses correspondientes.
Al respecto los demandantes tienen tres embargos sobre cuentas provinciales a los que se suman otros sobre importantes bienes de la Comuna, tal el caso de un campo en el camino a Giribone, el campo sobre la Ruta 20 donde la Municipalidad, en forma irresponsable, permitió la licitación nacional del basurero denominado Ecoparque, que nunca tuvo inicio de construcción, y también el Monte Corti con toda su infraestructura.
Presentación de un recurso ante la Corte Suprema Nacional
En las actuales condiciones solamente queda vigente en materia judicial la presentación por parte de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires de un recurso ante la Corte Suprema Nacional, que de ser aceptado, al margen del fallo final, volvería a demorar la finalización de la situación.
Algo que según las versiones circulantes haría el gobierno bonaerense, dado que en las tres décadas que han pasado, siempre, y al margen de lo que será el resultado final, se hicieron todas las apelaciones posibles para demorar una sentencia final que puede ser negativa a la Provincia y la Municipalidad.
