Alejandro Bartoletti sobre la vacunación de funcionarios
El móvil de FM Por Siempre 97.3, entrevistó a Alejandro Bartoletti, concejal por el bloque Cambiemos Chascomús, quien se refirió a la cuestionada vacunación contra el COVID 19 de funcionarios, señalando que se hizo una denuncia de carácter penal, pero que no hay mención de alguna persona, sino lo que se plantea es un accionar antijurídico.
Manifestando que si bien existen nombres y apellidos de funcionarios y familiares que habrían recibido la vacuna, difundidos por algún medio de prensa, desde el bloque opositor al carecer de pruebas concretas de quienes fueron puntualmente los beneficiados se procedió a denunciar el accionar y desentendimiento del Municipio.
Días atrás y en respuesta a esta acusación, el intendente Javier Gastón, desde su perfil de Facebook, desmintió la existencia de un vacunatorio VIP, donde dosis que estaban destinadas a personas de alto riesgo y habrían terminado siendo aplicadas a funcionarios a los que no les correspondía porque no eran estratégicos.
En este marco Bartoletti indicó que hubo vacunados que no integran el Comité de Crisis, a los que se suman otros, reiterando que es necesario por parte de la Justicia que realice una correcta investigación, a fin de dar a conocer si hubo más vacunas que fueron utilizadas de forma incorrecta.
La pregunta inicial por parte del citado bloque opositor, es quiénes revisten carácter de personal estratégico, dado que nunca hubo información concreta por parte del gobierno local. La lista de calificados para ese ítem sigue siendo desconocida.
A su vez también solicitan que después de conocerse a quiénes, según el gobierno, se considera personal estratégico, se explique por qué después no se los consideró importantes en la actual pandemia.
Por ejemplo habría funcionarios beneficiados con la vacuna, que luego tuvieron 15 días de vacaciones, lo cual develaría que no eran realmente estratégicos, pese a lo cual harían recibido ambas dosis sin haber realizado el correspondiente protocolo ni tampoco reunir las condiciones.
Todo queda ahora en manos de la Justicia que deberá investigar con detalle este accionar del municipio, para determinar si existe algún o no un delito jurídico o abuso de poder.
