Luego de que el Congreso finalizara su parate por vacaciones de invierno, el senador rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que no acompañará ninguna sesión para designar jueces antes de las PASO, por lo que dejará sin quórum al oficialismo que busca aprobar 75 pliegos judiciales, entre los que se encuentra el de la jueza Ana María Figueroa, que debe jubilarse el 9 de agosto.
Figueroa es presidenta de la Cámara de Casación Penal y miembro de la sala del tribunal que debe definir si la causa Hotesur-Los Sauces, en las que están acusados Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero, permanece cerrada, como lo dictaminó un fallo de primera instancia, o si debe ventilarse en un juicio oral y público.
La Vicepresidenta aspira a que se extienda la permanencia de la magistrada por cinco años más en el cargo, por lo que la decisión de Weretilneck implica un revés para sus deseos.
El pasado 12 de julio, el oficialismo había convocado a una sesión para tratar el pliego de jueces y pero no reunió quórum.
El pliego de la jueza, que el 9 de agosto cumplirá 75 años, para que continúe en su cargo por un lustro más, era parte de un paquete de nombramientos de funcionarios judiciales designados por el Poder Ejecutivo para que integren cámaras, juzgados, defensorías y fiscalías de todo el país.
El Frente de Todos necesitaba 37 legisladores sentados en las bancas para habilitar el quórum, pero apenas pudo garantizar 34.
Además de los propios, el oficialismo sumó a María Eugenia Catalfamo de Unidad Federal y a otras dos habituales aliadas como Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones) y la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), pero ya en ese momento le falló el rionegrino Weretilneck, que ahora confirmó que no dará quórum antes de las PASO.
Figueroa integra la Cámara de Casación, que todavía debe resolver el pedido del fiscal Mario Villar para anular el sobreseimiento a Cristina Kirchner y enviarla a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces.
El 9 de agosto cumple 75 años, que es la edad que la Constitución establece como límite para ejercer como juez, siempre y cuando no haya un acuerdo en el Senado que extienda sus funciones. (DIB)
