El Frente de Todos arrastra un problema desde que asumió el poder. Superar la etapa de alianza electoral y constituirse en un gobierno de coalición. Una regresión a la que no escapa el plan de seguridad para el área que se anunciaría este fin de semana. Sergio Berni es parte del conflicto que lo demoró casi 40 días. Y una de las razones por las que Cristina le atribuye ese y otros trastornos al gobierno de Alberto Fernández.
Según Managment & Fit, entre julio y agosto la imagen positiva de Fernández descendió tres puntos en la provincia de Buenos Aires (51,6 a 48,1 %)
El 13 de agosto se lo dijo con otras palabras a un consultor de opinión ligado a los gobernadores del PJ. «No sé por qué la gente no me quiere.» Una confesión retórica. Según Managment & Fit, entre julio y agosto la imagen positiva de Fernández descendió tres puntos en la provincia de Buenos Aires (51,6 a 48,1 %), mientras que la de ella experimentó una leve mejoría (32,9 a 34,3 %).
La noticia es buena pero relativizada por la caída de Axel Kicillof (39,2 a 37,7%) cuya gestión sufrió una fuerte desaprobación este mes (50,3 %). En un contexto donde el 62% de los consultados percibe peor que el año pasado su actual situación económica. Fernández intentó superar esa incomodidad con una comparación capciosa entre ese período del gobierno anterior y el de la cuarentena. Resultó otro fallido.
A nueve meses de la confirmación de candidatos en las PASO y a cuatro de la elección de autoridades en el PJ, el Presidente y el gobernador mantienen insatisfecha la expectativa del kirchnerismo. No parece que el relevo de funcionarios ni una campaña que omita al Presidente y el gobernador vayan a hacerlo. Es la encrucijada que transformó en una necesidad compartida por ambos al anuncio de una inversión de cien millones de dólares.
La marcha del 17 de agosto obligó a abreviar la disputa en torno al control de los fondos con Kicillof y dar por aprobado el cálculo de recursos que le encargaron a Jorge Ferraresi el resto de los intendentes de la Tercera Sección. El de Avellaneda no fue elegido por sus conocimientos específicos en el tema sino por su condición de ingeniero civil.
Ferraresi estimó que la compra de cuatro mil patrulleros, chalecos antibalas, cámaras de seguridad, la incorporación de diez mil nuevos agentes y la construcción y refacción de comisarías y centros de reclusión insumiría unos 12 mil millones de pesos que desde mediados de julio Kicillof se negó a aportar.
El gobernador y Ferraresi participaron los últimos 15 días del almuerzo que los martes convoca Fernández en Olivos con parte de su gabinete, Máximo Kirchner, Sergio Massa e intendentes. El 25 de agosto faltaron Fernando Espinoza y Martín Insaurralde, presentes en el del 18. Ese día circuló que alguno de los dos le habría pedido al Presidente la renuncia de Berni.
El 22 de julio el ministro había mantenido una tensa conversación con Mario Secco. El intendente de Ensenada es uno de los más cercanos a Cristina. Pero igual que Mayra Mendoza (Quilmes), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), coordina acciones con Máximo.
También los de La Matanza y Lomas de Zamora. Ambos de buena relación con Massa, enemistado con el ministro de Seguridad. En noviembre de 2019, Gustavo Logozzo confirmó que Berni lo instruyó para ofertar un ascenso a Alcídez Díaz Gorgonio, el prefecto condenado a 18 años de prisión por el robo al domicilio particular de Massa en 2013.
Logozzo fue director de Inteligencia Criminal de la Prefectura cuando Berni era secretario de Seguridad y declaró como testigo en el jury que destituyó al fiscal de Pilar, Washington Palacio, por investigar ese delito sin competencia para hacerlo. Algunos le endilgan a Massa la difusión del rumor sobre el pedido de renuncia a Berni, resistido por la mayoría de los intendentes del conurbano.
Ninguno desea que el ministro de Seguridad controle los fondos por unos ocho mil millones que aportará finalmente el gobierno nacional. Les preocupa que Berni aproveche la entrega de esos recursos a los municipios para promocionarse.
El temor a que se convierta en un candidato capaz de captar el malestar con la inseguridad es palpable. Aunque disimulado con una extraña elipsis. Le critican que no asista a su despacho en La Plata y haberse instalado en el Centro de Coordinación Estratégica que la policía bonaerense tiene en Puente 12 de La Matanza.
La enorme mayoría de ellos lo conoce bien. Lo acondicionó Alejandro Granados durante su gestión en Seguridad para recibirlos al menos una vez al mes. Debe haber dejado un buen recuerdo. Insaurralde compartió este verano unas largas vacaciones familiares en la estancia de Granados en la Patagonia.
Insaurralde no está seguro de si Marcela Bianchi, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino tuvieron a Berni por excusa para reunirse la semana pasada en Lomas de Zamora. Los ex funcionarios del gobierno de Cristina siguen vinculados a su entorno. Lo mismo que José Viñales, el puntero de Ingeniero Budge que organizaba partidos de fútbol en esa localidad para que jugase Daniel Scioli mientras fue gobernador. Viñales está en contacto con Berni.
Quienes sostienen que Máximo no lo avala, recuerdan que es el único ministro de Kicillof que no le ofreció a La Cámpora ocupar cargos. De acuerdo al relevamiento de Synopsis, en agosto la imagen positiva de Berni (29,6 %) supera a la del hijo de Cristina (23,3 %) y es apenas inferior a la de Kicillof (31,6%)
Massa quiere capitalizar esa tensión y disputarle a Berni el debate sobre la inseguridad. Propuso retirar la ayuda social del Estado a quienes practiquen usurpaciones. Un tema que involucra la contradicción que enfrenta Berni. Combatir el delito en un gobierno que estimula un garantismo extremo.
El 21 de agosto Emilio Pérsico se reunió en Presidente Perón con la intendente Blanca Cantero que responde a Massa. Pérsico y Fernando «El Chino» Navarro lideran el Movimiento Evita, activo en la toma de cien hectáreas Villa Numancia. Cantero se convirtió en querellante cuando la usurpación se extendió a tierras de propietarios reconocidos.
El juez de Garantías N° 9 de Cañuelas, Martín Rizzo, suspendió el desalojo previsto para el día 24 pero ordenó vallar el lugar hasta que la Cámara de Casación confirme esa medida. La Legislatura bonaerense dispuso por unanimidad restringir hasta el 30 de septiembre los desalojos masivos. El 14 de agosto Patricia Cubría le pidió a ese cuerpo expropiar las tierras de Villa Numancia.
Cubría es diputada del Frente de Todos y esposa de Pérsico. Su par, Florencia Saintout, hizo una presentación similar el 28 de mayo para predios de City Bell, Melchor Romero, Tolosa y los Hornos. Este año hubo 40 ocupaciones irregulares en La Plata. Entre 2015 y 2019 se denunciaron 15 intentos.
La queja que la Comisión Provincial de la Memoria presentó el 29 de junio contra María Cecilia Cofield en la Procuración General podría ser el colmo de Berni. Firmada por Adolfo Pérez Esquivel, la nota denuncia que la fiscal de La Plata le niega acceso a la causa contra Guillermo Berra por supuesto espionaje.
Pero además pondera al ex titular de Asuntos Internos de María Eugenia Vidal por indagar en la Bonaerense «hechos de corrupción.» El problema principal del país, en el último sondeo de Managment & Fit. Lo que tal vez explique la falta de empatía con la ciudadanía que percibe Cristina. Un tema complejo de resolver solo con anuncios y que excede al de la seguridad. Un terreno donde Berni inquieta a los intendentes.
Por: (Daniel Bilotta La nación)
