Debería haber 93 magistrados pero hay 41 lugares vacíos. La última designación fue en 2015. En los tribunales federales a cargo de los delitos complejos las vacantes son del 30 por ciento. Los efectos: demoras en los juicios, prescripción de causas y más tiempo de los acusados en prisión
La mitad de los cargos de los Tribunales Orales de la ciudad de Buenos Aires que juzgan los robos, homicidios y violaciones están sin jueces. Y hay vacantes en el 30 por ciento de los lugares de los Tribunales Orales Federales de todo el país, los que se encargan de las causas de corrupción y crimen organizado como narcotráfico y trata de personas y los casos de lesa humanidad.
“Situación de colapso”, repiten los jueces que Infobae consultó para esta nota. La cantidad de vacantes en esos tribunales, que es donde se define si una persona es culpable o inocente de un delito, es superior a la media histórica en el Poder Judicial que es del 20 al 25 por ciento de los 1200 cargos que hay de magistrados de primera instancia, de Cámara y de Tribunales Orales. Sumados los tribunales orales criminales y los federales el nivel de vacantes llega al 34 por ciento. Muy por encima de la media nacional.
El lugar donde no hay un juez no queda libre, sino que lo ocupa otro magistrado. Eso hace que un juez tenga simultáneamente dos tribunales. Y el efecto de eso es que los juicios se demoren. Y tiene, además, otras consecuencias: los acusados pasan más tiempo en prisión preventiva de la que permite la ley y el riesgo que las causas menores prescriban. Es decir que se cierren sin determinarse si el acusado es culpable o inocente. Es algo que por lo bajo ya plantean varios jueces.
“Desarmar un tribunal para armar otro implica una desorganización en los dos”, resume José Fabián Asís, juez de un tribunal oral federal de Córdoba y presidente de la Junta Federal de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF). “El 50 por ciento de vacantes en los tribunales orales de la ciudad provoca que no haya en este momento un juez que no tenga dos tribunales y para hacer juicios tenes que compatibilizar agendas y no siempre se logra. Y lo que ocurre es que haya demoras”, explica Gabriel Vega, juez de tribunal oral y presidente de la Junta de jueces de Tribunales Orales Criminal de la Capital Federal.
En la ciudad de Buenos Aires hay 28 Tribunal Orales Criminales y tres Tribunales Orales de Menores. Cada tribunal está integrado por tres jueces, por lo que debería haber 93. Pero hoy 41 de esos lugares están vacantes, según estadística de la Cámara Nacional de Casación Penal. Solo hay 52 magistrados. La última vez que se designó un juez en un tribunal oral criminal fue el 6 de octubre de 2015 con el nombramiento de Guillermo Friele en el tribunal 30. Y ante la salida de jueces, principalmente por jubilaciones, no se llenaron esas vacantes.
“Nosotros somos la justicia de todos los días. Estamos con los robos, la violencia de género de género, las amenazas, los abusos sexuales a los chicos”, le dijo a Infobae Sergio Paduczak, juez del Tribunal Oral Criminal 22, que subroga -reemplaza- una de las vacantes en el Tribunal 19 e integra la Junta de jueces de Tribunales Orales.
La simultaneidad de tribunales lleva a que los jueces deban compatibilizar sus agendas. “Yo ahora estoy haciendo en simultáneo nueve juicios”, detalla Paduczak. “Se te mezclan los juicios de tanto que tenes que hacer en simultáneo para que las causas no se te acumulen”, agrega Vega.
¿Eso significa que se pierde calidad en el servicio de justicia?, preguntó Infobae. “Las resoluciones se toman a conciencia, pero sí tenes que hacer un triple esfuerzo por los juicios en simultáneo. Una ventaja es que hoy está todo grabado”, responde Paduczak.
La pandemia agravó el cuadro. Los primeros meses del 2020 los juicios quedaron suspendidos y luego se retomaron por videoconferencia porque no se podían hacer en las salas de audiencia. “Muchos testigos o acusados no tienen teléfonos o conectividad por el lugar donde viven o porque están en situación de calle. Y eso dificultó hacer los procesos”, dice otro juez que prefiere mantener su nombre en reserva. El mismo magistrado tiene dos tribunales. “Tengo un solo día para un juicio en mi tribunal, otro para el que subrogo, otro día para audiencias de probation, excarcelaciones, etc., otro para juicios unipersonales”, detalla su rutina.
El Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)El juez habla de algo que está comenzando a pasar: la prescripción de causas. “Las de delitos menores, con penas de meses de prisión, se cierran porque la prioridad son las causas con detenidos y por hechos graves que en este contexto de colapso te llevan todo el tiempo”, explica.
“Los riesgos de prescripción están y si esto sigue así va a ser peor”, coincide Vega y señala que si no se llegó a una situación de colapso es por los llamados juicios unipersonales. Son juicios que hace un solo juez para los delitos con penas hasta seis años de prisión y optativos para los que llegan a los 15 años. Cerca del 70 por ciento de los juicios orales que se hacen son unipersonales. “Siempre que tenes un hueco haces un juicio unipersonal”, dice Paduczak.
La ley dice que una persona no puede estar en prisión preventiva -preso sin condena- más de dos años. Pero los jueces describen que eso cambió. “Desde que entre a mi tribunal no había tenido que prorrogar ninguna detención. Pero a partir de esta situación de colapso ya tuve que hacerlo en tres casos. No parece mucho, pero antes tenia cero”, describe Vega. Lo mismo lo ocurrió a Paduczak.
Otro magistrado, que también optó por hablar off the record, plantea otro punto.“El estado de colapso existe. Pero también hay jueces que se toman light el trabajo en el tribunal que subrogan”, detalla.
¿Qué cantidad de causas tiene un juez?, preguntó Infobae. “Es flotante dependiendo de la impronta que lo ponga cada uno. Pero el promedio es de entre 70 y 80 expedientes”, describe Paduczak. Con dos tribunales es el doble o más. “Yo en tiempos normales venia entre 70 y 100 causas sin subrogancias, ahora tengo 250″, detalla otro magistrado.
Otro actor central en los juicios orales son los fiscales, que tienen el rol de acusar a los imputados y son los que en los procesos representan a la sociedad. Los fiscales están peor que los jueces. Según datos de la Procuración General de la Nación, de las 28 Fiscalías de Tribunales Orales de la ciudad -una por tribunal- 17 están vacantes. Es el 60 por ciento.
Los 41 jueces que hay se deben duplicar para ocupar las vacantes en los otros lugares. Y esa situación llevó a algo inédito: que los jueces violen una ley. La norma de subrogancias establece que un magistrado puede ser suplente en otro tribunal por un máximo de dos años. Después, si no hay titular, debe ser reemplazado por otro. En junio del año pasado vencieron 21 subrogancias y la Cámara de Casación las prorrogó a todas a pesar que se cumplían esos dos años. Fue porque era “impracticable” la designación de nuevos jueces ya que no hay.
Un juicio oral de lesa humanidad en Mar del Plata (Foto: Alejandro Moritz)“En este contexto, tan extraordinario, no se advierte otra salida que volver a prorrogar estas designaciones de modo excepcional, por fuera de los plazos establecidos en el artículo 13 de la ley 27.439, ya que es la única forma de que este tribunal entiende que puede garantizarse el mínimo funcionamiento de los tribunales implicados”, sostuvo Casación el año pasado. El juez subrogante cobra un 30 por ciento más de su salario.
Cuando un cargo de juez queda vacante se abre un concurso público para elegir a un nuevo titular. Lo hace el Consejo de la Magistratura de la Nación con exámenes, análisis de los antecedentes de los postulantes y entrevistas. Conforma una terna entre los mejores y la envía al Poder Ejecutivo que elige a uno, propone su nombre al Senado para su aprobación. Así se designa a un juez en Argentina. Ese proceso demora años, en algunos casos ha tomado una década.
De las 41 vacantes que hay en los tribunales más de la mitad están en condiciones de cubrirse desde fines de 2018. Entonces el Consejo envió al Poder Ejecutivo las ternas para cubrir 24 cargos vacantes. El gobierno de Mauricio Macri envió entre fines de 2018 y febrero de 2019 los nombres al Senado. No se trataron y cuando Alberto Fernández llegó al gobierno retiró todas las postulaciones de jueces que había en la Cámara Alta, una costumbre de todos los gobiernos. Desde entonces el Poder Ejecutivo envió designaciones de jueces al Senado pero ninguna para los cargos vacantes en los tribunales orales.
El Consejo de la Magistratura de la NaciónInfobae consultó a un funcionario del gobierno nacional para saber por qué tanta demora para cubrir los lugares vacíos. Off the record el funcionario reconoció la demora.“Esos cargos no se mandan al Senado porque estamos en la discusión del traspaso”, explica. Se trata del traspaso de la justicia nacional o la de la ciudad de Buenos Aires. Así, los tribunales orales, como los juzgados de instrucción, las cámaras y los otros fueros -civil, laboral, etc- pasarían a la justicia porteña y la designación de los jueces sería de la órbita de la ciudad. Pero el traspaso está en discusión y no se concreta.
“Esa es la cuestión formal. No tenemos ningún impedimento legal para nombrar a esos jueces. Y nos tomamos más tiempo del que deberíamos habernos tomado”, reconoce. “Es algo que tenemos en cuenta para la próxima tanda de pliegos que vamos a mandar al Senado que no debería pasar de mitad de abril”, adelanta.
Además de esos 28 nombres que están en el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura tiene dos concursos abiertos para más vacantes en tribunales orales. Uno es para ocho cargos y el plazo para mandar las ternas al Poder Ejecutivo venció en mayo del año pasado. El segundo es para cuatro cargos y el próximo siete de mayo los inscriptos darán el examen escrito.
Entre los jueces no encuentran motivos lógicos para que haya tanta demora en cubrir los lugares libres, sobre todo en el contexto de sangría que sufren. Uno se anima a dar una hipótesis. “Es un buen negocio tener a la justicia débil para poder cachetearla cuando la política quiera”, dice bajo estricta reserva de su nombre.
Los tribunales federales
La justicia federal es la que se encarga de los llamados delitos complejos y de crimen organizado: corrupción, evasión de impuestos, contrabando, trata de personas, narcotráfico, secuestros, lesa humanidad. Es la justicia que está en todo el país y tiene 48 tribunales orales, entre los que están los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires. Los integran, o deberían integrarlos, 144 jueces pero 41 de esos lugares están vacantes. Es el 28 por ciento, según la estadística de JUTOF.
Los números son más favorables que en los tribunales orales de Capital. Pero la diferencia se mide en kilómetros. Mientras que los jueces de los tribunales orales de capital deben subrogar lugares vacantes que están en un mismo edificio o a pocas cuadras, quiénes deben ocupar un cargo en un tribunal federal puede llegar a recorrer 500, 800 kilómetros. Esa es la distancia entre el tribunal más próximo que tiene un juez disponible para subrogar.
“Queda claro que si no tenes integrado el tribunal completo implica una demora sustancial para las causas. Coordinar la agenda de juicios con un miembro que no es de tu tribunal implica si o si una demora. Es difícil hacer un promedio de cuánta es la demora porque depende de cada tribunal y de las causas, que en la materia federal son largas”, explica Asís que también integra la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema para las causas de lesa humanidad donde se planteó la falta de jueces.
Un ejemplo es el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Tiene un único juez titular, que es Roberto Falcone, y actualmente sus compañeros subrogantes son de un tribunal de San Martín y otro de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.
“En ese aspecto la pandemia fue un beneficio porque empezamos a usar los sistemas de videoconferencia que permitieron hacer los juicios a distancia y que los jueces subrogantes no tengan que viajar. Adaptar el sistema tecnológico en 2020 fue muy complicado, tuvimos reuniones con la Corte Suprema sobre la conectividad que debe ser mejorada en todo el país”, señala Asís.
Los tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli)El 28 por ciento de vacantes en estos tribunales es superior si se toma en cuenta por ciudades. Por ejemplo, Rosario. Allí hay dos tribunales orales federales. Uno está completo y el otro no tiene jueces titulares. O lo que ocurre en San Martín donde hay cinco tribunales orales y solo uno está completo. De los 15 cargos de juez solo hay nueve ocupados. “Estamos al borde del precipicio a cada minuto. Y no hay vistas de que esto funcione. No hay apuro en llenar los cargos”, dice uno de esos jueces que se debe dividir en otros tribunales.
La Plata tiene dos tribunales orales y solo hay dos jueces. Los otros cuatro lugares están vacantes, algunos desde 2010. En Santiago del Estero su tribunal oral tiene un lugar libre desde 2012 y el concurso para cubrirlo está parado en el Consejo de la Magistratura desde 2018. Y hay dos vacantes en los tribunales de Resistencia, Posadas y Comodoro Rivadavia. El contraste son provincias como San Juan, Mendoza, Corrientes, Santa Cruz, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Neuquén o San Luis que tienen sus tribunales federales completos.
Dentro de la justicia federal está Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción o funcionarios nacionales y empresarios. Allí hay ocho tribunales orales. De los 24 lugares de jueces hay siete vacantes. Solo cuatro de esos tribunales tiene sus tres jueces y uno no tiene titulares. Hay un concurso abierto en el Consejo de la Magistratura para cubrir esos lugares. El procedimiento venció en diciembre de 2018 y desde entonces no se definió.
Un juez de Comodoro Py pone un ejemplo: “Para empezar un juicio tengo que ver la agenda de mi tribunal, y la del del tribunal de mis colegas que subrogan conmigo porque tienen otros tribunales, y también la del otro tribunal en el que estoy y la de los jueces de ese tribunal. Inexorablemente se empiezan a acumular las causas. Si los tribunales estuviesen completos podríamos dedicarnos a nuestras causas”.
La jueza Karina Perilli (Agustin Marcarian)Los jueces federales remarcan que los juicios por delitos complejos son muy largos. Pueden durar años, como ocurre con los de lesa humanidad, a diferencia de los delitos por robos u homicidios que en un semana se inicia y termina. Uno de los juicios por los crímenes en la ESMA duró cinco años. Otro efecto del cúmulo de causas es la necesidad de postergar juicios ya iniciados. Eso le pasó al Tribunal Oral 2 de Comodoro Py que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la obra pública. El proceso se hacía dos veces por semana pero ahora es solo una vez. Fue porque debió empezar otro juicio en el que los acusados -entre ellos el falso abogado Marcelo D´Alessio- están presos y se vence su prisión preventiva.
Por lo bajo otro juez habla del riesgo de las prescripciones. “Entre las causas grandes de lesa humanidad y crimen organizado las de tenencia simple de drogas se prescriben”, reconoce.
Los federales tuvieron más suerte que los tribunales de la Capital. En los últimos años se cubrieron más vacantes: dos en febrero, cinco en noviembre pasado y cuatro durante 2019. El Poder Ejecutivo tiene los pliegos de 14 jueces de TOF y el Consejo de la Magistratura tramita 11 concursos para cubrir 28 cargos.
Karina Perilli es jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 3 e integrante de JUTOF y pone otra mirada sobre lo que falta, además de magistrados, en los tribunales orales. “Las designaciones deberían tener perspectiva de género que poco se advierte en los tribunales orales federales y en lo Penal Económico. Entre todos esos tribunales hay solo cuatro mujeres sobre 33 cargos de magistrados. La última etapa del proceso de selección de los jueces corresponde al Ejecutivo de turno. Teniendo en cuenta los números, cabría preguntarse la relación existente entre el poder y la mirada de género al momento de la toma de decisión, la que aparece como asimétrica y desigual”, dice Perilli.
