En la Provincia
En el Boletín Oficial bonaerense se dio a conocer la medida. Fuentes de Agroindustria destacaron que la normativa permanecerá en “stand by” hasta 2020, con el objetivo de introducir mejoras.
En materia de legislación vinculada al uso de agroquímicos, la provincia de Buenos Aires cerró el 2018 con el anuncio de una normativa que buscaba unificar la legislación vigente. De esta manera, la Resolución 246 /18 del ministerio de Agroindustria bonaerense buscaba la manera de empezar a ordenar el uso de estos productos, en donde más allá de la Ley n° 10.699, a efectos prácticos cada municipio tenía la palabra final, sobre todo en un apartado tan sensible como las distancias de aplicación.
Entró en vigencia en enero 2019, pero en una reciente publicación del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el gobierno dio marcha atrás con esta resolución. En sus considerandos y tras enumerar los aspectos positivos de esta normativa, dictaminaron suspender “la vigencia de la Resolución N° 246/18 a los efectos de unificar mecanismos de coordinación operativa y asistencia entre esta Jurisdicción y los municipios firmantes y los que en un futuro firmasen en pos de optimizar los canales de colaboración al efecto”.
Este período de “stand by” se extenderá durante un año y se articulará en tres partes. En primer lugar, se modificó el artículo 5 de la Resolución 246, que quedó redactado de la siguiente manera: “Abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural”.
El artículo 2 decreta la suspensión de la vigencia de la Resolución 246 por espacio de un año, mientras que el artículo 3 propicia la creación de un equipo de trabajo interdisciplinario que tendrá como objetivo elaborar un “protocolo específico de aplicación”.
Fuentes de la cartera agropecuaria bonaerense consultadas por INFOCIELO señalaron que con esta medida apuntan a generar “un mayor control de las aplicaciones para profundizar el cuidado de la salud de la población, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta la seguridad agroalimentaria y las necesidades de los productores”.
