El 18 de febrero de 2017, un micro de la empresa TurBus se dirigía con 46 personas desde Argentina hacia Chile. En la Ruta 7 -más precisamente en la peligrosa Curva del Yeso, pasando la aduana de Horcones en Mendoza- el transporte perdió el control, volcó y causó la muerte de 19 personas e hirió a otras 25 que iban a bordo.
Un año más tarde, la Justicia declaró culpable a Francisco Javier Sanhueza, chileno, de 31 años, quien conducía el bus, condenándolo a 20 años de prisión tras estar acusado del delito de homicidio simple con dolo eventual y de lesiones gravísimas, graves y leves, por lo que la fiscal Paula Quiroga y Martín Sevilla -abogado querellante de las víctimas y los familiares- habían solicitado 25 años de cárcel.
También se lo inhabilitó para manejar por el resto de su vida. La Octava Cámara del Crimen sostuvo que «el exceso de la velocidad y el haber desoído los pedidos de los pasajeros y el chofer acompañante para que baje la velocidad, demuestran la responsabilidad de Sanhueza en el accidente».
La tragedia ocurrió a solo dos kilómetros del Paso Los Libertadores. Según el procurador general de la Corte provincial, Alejandro Gullé, el tacómetro de la unidad de TurBus quedó fijado en 100 kilómetros por hora al momento de la tragedia. En esa zona, la máxima permitida es 40 kilómetros por hora, con señales viales en el camino que indican la cifra.
Por ese entonces, Gullé entrevistó a la mayoría de los testigos del accidente, quienes le aseguraron haberle advertido a Sanhueza -único imputado- que disminuyera la velocidad. Su acompañante, Pedro Vargas (también chileno), recuperó la libertad al instante porque en el momento del siniestro había tomado un descanso y se encontraba dormido.
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