Un proyecto de ordenanza del intendente Javier Gastón sobre los caminos rurales ingresó ayer, viernes 13 de noviembre, en la sesión del Concejo Deliberante de Chascomús para su tratamiento y fue pasado a comisión.
La iniciativa mantiene la creación de una Comisión de Caminos con representantes de las nueve zonas rurales del partido, pero reduce la intervención que le asignaba la ordenanza aprobada por el Concejo y luego vetada por el intendente.
Dicha Comisión deja de intervenir en el nombramiento del director técnico del área y pierde la atribución expresa de controlar la ejecución de los fondos afectados y el acceso mensual garantizado a los informes presupuestarios.
El Concejo había sancionado la Ordenanza 6068/2026 el 22 de octubre. Gastón la vetó en su totalidad el 4 de noviembre mediante el Decreto 944/2026. El nuevo proyecto del Ejecutivo Municipal, fechado el 10 de noviembre, se tramita en el expediente 6262.
La ordenanza vetada destinaba a los caminos rurales el 50 por ciento de lo efectivamente recaudado por la Tasa por Servicios Rurales, la Tasa de Marcas y Señales y la denominada Tasa de Control de Plagas. El porcentaje aumentaba cinco puntos por año hasta alcanzar el 80 por ciento desde el séptimo. El proyecto de Gastón elimina esa asignación obligatoria. Dispone que el Ejecutivo prevea cada año partidas para la red vial e hídrica rural según las disponibilidades presupuestarias y las prioridades establecidas, con las propuestas de la Comisión como insumo.
En el decreto de veto, el Ejecutivo sostuvo que dar un destino permanente a recursos que consideró de libre disponibilidad requería una ordenanza preparatoria y la aprobación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Citó la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Constitución bonaerense y un dictamen de la Asesoría General de Gobierno de 2008. También objetó la denominación «Tasa de Control de Plagas» y señaló que el fondo para ese fin se integra con una contribución creada en 1985 y un porcentaje de la Tasa por Servicios Rurales.
La ordenanza que aprobó el Concejo facultaba a la Comisión a controlar la ejecución de los fondos afectados y obligaba al Ejecutivo a presentar en las reuniones mensuales un detalle de la recaudación y un informe sobre la ejecución de las partidas para caminos. El proyecto del Ejecutivo Municipal mantiene el control entre los fines generales de la Comisión y le permite pedir información sobre presupuesto, obras, maquinaria, personal y contrataciones por intermedio de los representantes del Ejecutivo. La entrega mensual de esos informes deja de ser obligatoria. En ambos textos, la ejecución de las obras, las contrataciones y los pagos quedan a cargo de las dependencias municipales.
La ordenanza vetada también creaba el cargo de director de Vialidad Rural con dedicación exclusiva y exigía el acuerdo de la mayoría absoluta de la Comisión para cubrirlo. Gastón sostuvo en el veto que la creación del cargo se apartaba del escalafón municipal y que el requisito de conformidad limitaba una atribución del intendente. Su proyecto reserva al intendente la selección, designación y remoción del director, que participará con voz en la Comisión y coordinará los trabajos aprobados por el Ejecutivo.
El decreto objetó además que la ordenanza regulara el uso de maquinaria rural en emergencias. La norma sancionada por el Concejo permitía al Ejecutivo destinarla temporalmente a otras tareas prioritarias, con aviso a la Comisión y posterior devolución al servicio rural. El proyecto de Gastón elimina esa cláusula, mantiene el inventario anual y fija un plazo de 60 días desde la constitución de la Comisión para que el Municipio informe qué equipos están afectados al servicio y en qué estado se encuentran.
El proyecto del Ejecutivo Municipal mantiene un representante por cada una de las nueve zonas rurales, dos por la Asociación Rural y dos por el Ejecutivo, además del director del área. Los contribuyentes y usuarios de cada zona seguirán eligiendo un titular y un suplente por dos años, con posibilidad de reelección. La ordenanza vetada exigía una asamblea constitutiva con convocatoria pública y fijaba el quórum en la mitad más uno de los integrantes. El proyecto de Gastón deja el mecanismo de elección en manos de la Asociación Rural y remite el quórum a un reglamento interno obligatorio. En ambos textos se prevé al menos una reunión ordinaria por mes.
La Comisión seguiría relevando necesidades por zona, proponiendo obras, realizando el seguimiento de los trabajos y elevando informes periódicos al Ejecutivo y al Concejo. El proyecto del Ejecutivo Municipal conserva las veedurías comunitarias, exige que la propuesta de plan anual de obras se elabore al menos 60 días antes del inicio del ejercicio presupuestario y elimina la obligación de presentar una memoria anual de actividades, propuestas y evaluaciones.
