La Justicia resolvió hacer lugar a la demanda iniciada por Carlos Alberto Noya contra la Municipalidad de Lezama, condenando a esta última a pagar una indemnización y a hacerse cargo de los honorarios y aportes previsionales de su letrado, el Dr. Aníbal José Maffeo.
El monto total asciende a $ 197.298,83, y debió ser abonado al damnificado con dinero de las arcas públicas.
La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Dolores, describe que luego de haberse desempeñado durante casi 8 años como médico de guardia en el Hospital Municipal “Dr. Francisco Quijano”, el Dr. Noya fue despedido en el marco del decreto 4/2.012 del ex Intendente Marcelo Racciatti que determinó su baja en el servicio.
El médico, que había ingresado el 1 de abril de 2004 argumentó ante la justicia que se había desempeñado en el cargo con responsabilidad y compromiso, que solicitó su derecho a ser indemnizado luego de ser despedido y que el Municipio se lo negó aduciendo que no le correspondía por no tener estabilidad en el cargo.
El Juez determinó que en este contexto “surge con claridad la responsabilidad estatal frente a los perjuicios ocasionados por su irregular actuación con la consecuente obligación de repararlos”.
Los despidos arbitrarios, que pudieran deberse a causas políticas, terminan siendo un perjuicio económico grave para el Municipio, que debió afrontar el pago de un juicio por alrededor de $ 200.000. Esa suma podría haber sido destinada a ayudas sociales, equipamiento en salud o nuevas obras públicas, aseguraron desde el Municipio de Lezama.
El Intendente Arnaldo Harispe lamentó que este dinero saliera de las arcas públicas para reparar un daño “evitable”. “Administrar en forma irresponsable puede acarrear perjuicios económicos, como en este caso, donde se destinaron fondos que podrían haber sido utilizados para mejorar servicios a la comunidad”, expresó.
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