Inventaban suplencias
Una empleada de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, cartera liderada por Gabriel Sánchez Zinny, inventó suplencias que permitieron que delincuentes cobraran un total aproximado de $8 millones. La mujer que hizo las cargas irregulares en el sistema de liquidaciones de haberes fue detenida el jueves por la noche.
La historia se remonta a marzo del año pasado. Una auditoría interna de la DGCyE de la provincia de Buenos Aires detectó anomalías en más de 60 cargas de reemplazos de auxiliares en escuelas. Los auxiliares son los porteros, los cocineros, los ayudantes de cocina.
La primera anomalía parecía, en un principio, un simple error de carga. Se trataba de reemplazantes de auxiliares que se tomaron licencias durante 2017. Los reemplazantes, en vez de ostentar la categoría más baja (la 5), gozaban de un rango de entre 7 y 12. Por lo cual, percibían mejores salarios de lo que debían.
“Después detectamos que esa irregularidad estaba vinculada con otra. Además de la categorización, se hacía un pago retroactivo a personas que habían supuestamente habían hecho una suplencia seis meses atrás. Había más de 60 casos en los que el suplente, que en realidad nunca había trabajado, cobraba como si fuera el titular”, dijo Ignacio Sanguinetti, subsecretario de Recursos Humanos de la cartera educativa, al medio Infobae.
Otros detalles de la estafa
La estafa se concretaba cuando las personas que prestaban su nombre para ser cagadas en el sistema iban a cobrar a la ventanilla del Banco Provincia con su DNI. La llamada “ticketera” permite que los agentes que recién se suman al sistema educativo y aún no están bancarizadas puedan cobrar en mano.
La clave interna de cada empleado permitió detectar a la agente que perpetraba la maniobra. Se identificó que se trataba de Claudia Silvia Meniz, quien trabajaba en el Departamento de Contralor Administrativo. La mujer tenía a su cargo los distritos de Puán y Olavarría. Sin embargo, los más de 60 casos irregulares radicaban en Lomas de Zamora. También pudieron saber que todos esos movimientos se hacían fuera del horario laboral.
Luego de la investigación interna, la Dirección Provincial de Legal y Técnica hizo la denuncia penal y aportó la documentación pertinente a la justicia. Por su parte, Meniz fue sumariada y separada de su cargo.
Un faltante de más de ocho millones de pesos
Por los casos detectados en los primeros meses de 2017, se estima una defraudación al Estado por un monto aproximado de 8 millones de pesos. La identificación en marzo de 2018 les imposibilitó a los delincuentes cobrar las suplencias correspondientes al segundo semestre de 2017.
Meniz fue detenida, pero todavía varios de los “prestanombres” están prófugos. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16, a cargo del Doctor Juan Cruz Condomi, realizó allanamientos en Tolosa, La Plata y La Reja, Moreno, donde secuestraron celulares, tablets, computadoras, notebooks, pendrives, documentación de cobro de haberes y constancias de operaciones bancarias
