Funcionarios kirchneristas y jóvenes militantes de La Cámpora sin problemas de salud. Los Moyano. «Amigos» del -ahora, ex- ministro de Salud, Ginés González García. Ellos fueron inoculados con la vacuna Sputnik V y saltearon la lista de espera de los trabajadores de la salud y las personas de riesgo.
A casi dos meses del inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19, sobran casos testigos que expusieron arbitrariedad en la asignación de las dosis, que, de por sí, son escasas. En paralelo, desaparecieron vacunas, se descartaron lotes por perder su cadena de frío, se acusó al oficialismo de sacar politizar la vacunación, y la oposición presentó un proyecto para modificar el Código Penal, con el fin de penalizar la violación del orden de beneficiarios.
El último caso que despertó polémica fue la vacunación «de privilegio» del periodista Horacio Verbitsky, quien, si bien es mayor de 70 años -tiene 79-, se acercó el jueves a recibir la primera dosis al Ministerio de Salud, por invitación de González García, a quien llamó «su viejo amigo». En el edificio de Avenida 9 de Julio también se estaba vacunando a funcionarios y empleados públicos que trabajan allí y que no forman parte de la lista de prioridad.
En el transcurso de la semana, también fueron focos de crítica los gobiernos municipales de al menos cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires y dos de la provincia de Santa Cruz, en las que se vacunaron intendentes y sus familias; empleados públicos, y militantes oficialistas. En la mayoría de los casos, se desplegaron acusaciones cruzadas entre las autoridades de los hospitales y los referentes de las carteras de Salud provinciales, quienes buscaron desligarse de la supervisión del plan de vacunación. Otra excusa con la que se justificó el incumplimiento del orden de prioridades fue el «sobrante de dosis».
El propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que los municipios vacunaron a personas fuera de riesgo para no «tirar la vacuna». Lo hizo luego de que un concejal de Juntos por el Cambio, Luis Pérez, denunciara, días atrás, que en Henderson -ciudad cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen- se usó un excedente de dosis para inocular a empleados municipales, familiares de funcionarios y militantes del Frente de Todos. «Se ha vacunado con el exceso de vacunas a nueve personas que tenían la posibilidad de recibir la vacuna, si no, había que descartar la quinta dosis [del paquete]. La alternativa era tirar la vacuna», justificó Gollan, en una conferencia de prensa.
Algo similar ocurrió en Navarro, 125 kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, en donde otro concejal opositor advirtió que fue convocado a vacunarse, luego de que lo hicieran otros concejales del Frente de Todos. «El intendente [oficialista, Facundo Diz] explicó que mucho personal de salud se rehusó a vacunarse, que sobraban dosis y que por eso se vacunó gente que no se tenía que vacunar. La justificación es esa», dijo Mateo Natalini (JxC), en diálogo con Todo Noticias.
En un video que registra una sesión del concejo deliberante local, se ve cómo Natalini pide explicaciones del plan de vacunación a la presidenta del cuerpo, Paola Magiotti (Frente de Todos), y la mujer evade la respuesta, alegando que «se termina el cuestionario, por decisión de la presidenta». «Eso es autoritarismo», dispara Natalini. «Totalmente», retruca Magiotti.
Renuncias de funcionarios municipales
El precedente de denuncias radica en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, a 100 kilómetros de la capital, en donde a fines de enero renunciaron dos concejalas del Frente de Todos, tras haber sido acusadas por la oposición de haber recibido la vacuna rusa sin que les correspondiera. Junto a ellas, se vacunaron al menos 20 personas más. «Fui llamada porque una persona no respondía el llamado del vacunatorio», se excusó Laura Branchini, una de las ediles, en un comunicado oficial. «En ningún modo se trató de un acto de abuso de poder y no obré, bajo ninguna circunstancia, de mala fe», sostuvo Mariana Cané, la otra concejala.
Otros 100 kilómetros más al sur, en Chivilcoy, entre el miércoles y el jueves últimos, se difundieron fotos de jóvenes de 18 años recibiendo la vacuna Sputnik V, a quienes se vinculó con La Cámpora. Mientras que el intendente Guillermo Britos (Conceso Federal), apuntó a la provincia por gestionar los turnos, la responsable de la región sanitaria competente, Carolina Di Nápoli, escribió en Twitter que «la supervisión del cumplimiento de la vacunación al personal del sistema sanitario es responsabilidad del hospital municipal».
La arbitrariedad en la campaña de vacunación también tuvo un capítulo en Santa Cruz, territorio kirchnerista por excelencia, en donde fueron vacunadas más de diez personas afines al oficialismo, que no entran en los grupos considerados «esenciales». Entre ellas, el intendente de Comandante Luis Piedrabuena -Federico Bodlovic-, junto a su padre, su mujer, los miembros del Comité de Emergencia local y un chofer del municipio. Fue despedido el director del hospital, Mario Tripputi. En otra localidad santacruceña, Gobernador Gregores, fue vacunado el diputado oficialista Juan Benedicto Vázquez, de 54 años.
También en la Patagonia, la Justicia de Chubut investigó la desaparición de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en enero, y determinó que fueron robadas por enfermeros para vacunar a referentes del sindicato de Camioneros chubutense, que encabeza el exdiputado Jorge Taboada, cercano a Hugo Moyano.
Pérdida de la cadena de frío
A las 30 dosis desaparecidas en Chubut se suman otras 140 unidades de la vacuna rusa que la provincia debió descartar por negligencia, tras perderse la cadena de frío, en el hospital de Trelew. Lo mismo ocurrió en la localidad bonaerense de Olavarría, en donde se perdió un lote de 400 dosis, por el mismo motivo, en el Hospital de Oncología «Luciano Alfredo Fortabat», y el intendente opositor, Ezequiel Galli, culpó a La Cámpora por estar a cargo del centro sanitario.
Entre dosis perdidas, el retraso en la llegada de más unidades y la distribución de las vacunas sin criterio, aún no se ha terminado de vacunar al personal de salud, y recién el jueves comenzó la vacunación de adultos mayores. En este contexto, un grupo de diputados de la oposición encabezado por Waldo Wolff presentó el jueves un proyecto de modificación del Código Penal que tipifica como delito la asignación de vacunas a quien no corresponda -en el orden de prioridad-, y establece como agravante de la pena que esa persona sea un funcionario público. El proyecto también busca penalizar el uso de la campaña de vacunación como propaganda política.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció ayer a González García por el escándalo de los vacunados en el Ministerio de Salud y solicitó que la investigación «se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan Estratégico» en las distintas jurisdicciones.
