La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información y pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentín y al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo que recibió la empresa agropecuaria durante la gestión de Mauricio Macri.
Además, el organismo antilavado pidió evaluar embargos preventivos a la empresa y la inhibición general de bienes de los imputados en la causa: Macri, González Fraga, el ex titular del BCRA Guido Sandleris y dos directivos de la empresa, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
La UIF, confirmaron desde el organismo antilavado a La Nacion, se presentó en el expediente que en Comodoro Py tramita el juez federal Julián Ercolini y aportó datos con una posible traza de fondos de Vicentín bajo la hipótesis de que la compañía habría incurrido en una «fraudulenta cesación de pagos» en la Argentina al tiempo que habría efectuado «complejas maniobras de lavado de activos» con importantes giros de dinero al exterior.
En particular, l a UIF pidió que la Justicia investigue las operaciones offshore de la multinacional Glencore, socia de Vicentin en la planta de molienda Renova.
Con un escrito de 21 páginas presentado por el apoderado de la UIF, Claudio Javier Castelli, el organismo solicitó que la Justicia habilite de forma urgente la feria judicial para el eventual dictado de las medidas cautelares.
Así, el mismo día que el Poder Ejecutivo asumió la intervención de Vicentín y que Alberto Fernández se reunió con su CEO para exhibir un camino de diálogo con la compañía de cara a una eventual expropiación, la UIF se presentaba en la Justicia para que avance en la investigación contra la compañía.
Es que el Gobierno tiene especial interés en exhibir cuál es la situación contable de la compañía y las operaciones financieras que hizo en los últimos años. El titular de la UIF, Carlos Cruz, estuvo en las últimas horas en la Casa Rosada.
El pedido de la UIF
Ercolini investiga si el Banco Nación autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. La causa surgió por una denuncia de un particular basada en un informe elaborado por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, al asumir, analizó la situación económica de la firma y consideró que «el proceso de endeudamiento» que acumuló Vicentín con el BNA «superó los límites a los que podía acceder la firma».
En su escrito, la UIF se concentró en el devenir de la empresa durante la gestión de Macri: dijo que Vicentín tuvo un crecimiento «exponencial» entre 2015 y 2018 gracias a un privilegiado acceso al crédito y subrayó que a fines de 2019 comenzó a incumplir con las obligaciones a las que se había comprometido, anunció su estado de cesación de pagos y solicitó la apertura de su concurso preventivo.
El organismo antilavado consideró » llamativo» que Vicentín haya asumido un alto volumen de deuda mientras canalizaba las operaciones de exportación mediante dos firmas del holding, Renova y Vicentín Paraguay. «Mientras Renova crecía exponencialmente y fugaba dividendos, Vicentín entraba en cesación de pagos», manifestó el apoderado de la UIF, según pudo reconstruir LA NACION. Además, la UIF puso por escrito que la compañía fue el principal aportante de Juntos por el Cambio.
Ayer, las fuentes oficiales no descartaban que otros organismos estatales se presentaran como querellantes en la causa que lleva Ercolini junto con el fiscal Gerardo Pollicita.
La UIF hoy está encabezada por Cruz, abogado especialista en delitos económicos y allegado al peronismo porteño. Tal como publicó este medio, Cruz es abogado del gremialista y presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño Víctor Santa María y conoce a Fernández del ámbito académico.
Cruz asumió en la UIF determinado a enfocar su gestión en la lucha contra la evasión fiscal de las grandes empresas y la investigación sobre operaciones offshore.
Su postulación para la UIF tuvo amplio consenso en el Frente de Todos, ya que a su nombre adhirieron dos legisladores cercanos a Cristina Kirchner, el diputado Rodolfo Tailhade y el senador Oscar Parrilli, que encabezan la comisión de Justicia en sus respectivas cámaras en el Congreso.
Según supo La Nacion de fuentes judiciales, el fiscal Pollicita evalúa por estas horas la documentación recibida del Banco Nación para evaluar si ampliar el objeto procesal por el delito de lavado de dinero y así emitir su dictamen. Después de ese dictamen, el juez Ercolini resolverá si acepta o no al organismo anti lavado como querellante.
Ercolini fue uno de los jueces apuntados por el kirchnerismo. Durante su indagatoria en el juicio oral por al causa conocida como «Vialidad» y días antes de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner apuntó fuertemente contra Ercolini -que llevó adelante tres de las causas contra ella y sus hijos- por el concepto de «Lawfare».
En mayo del año pasado, días antes de que se hiciera pública la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández mencionó a Ercolini como parte de los jueces que «van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno». (La Nación – Maia Jastreblansky Candela Ini)
