Los reclamos de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por el conflicto con la comunidad mapuche en Villa Mascardi, la tensión con los vecinos de la zona por presuntos hechos de vandalismo y los cuestionamientos a la política de seguridad nacional sumaron un frente de tormenta inesperado para la gestión de Alberto Fernández.
Tras su paso por Buenos Aires, Carreras reclamó a la Casa Rosada una mayor presencia de Parques Nacionales y de Gendarmería. El Gobierno definió que, por lo pronto, permanecerá en el lugar la sección del móvil antidisturbios de Gendarmería de La Pampa, que se trasladó a la ruta 40 el sábado pasado por la marcha contra los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu.
«Cuando hay tomas, la que interviene es la Justicia, que es la que decide el temperamento que deben tomar las fuerzas de seguridad. A veces, la Justicia pide el desalojo, otras, pide custodia, cada situación es particular», señaló un importante ministro que sigue de cerca la situación en Mascardi. Buscó aclarar los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que causaron una fuerte controversia, al manifestar que «la toma de tierras no es un problema de Seguridad».
Frederic estuvo reunida ayer con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hasta última hora del día. El Gobierno respaldó a la ministra, tras la controversia que generó su posicionamiento.
Según pudo reconstruir LA NACION, el gobierno nacional mantiene activa una mesa de negociación y considera que «puede haber una aproximación» con la comunidad mapuche . Hace algunas semanas, a Villa Mascardi acudieron segundas líneas de los ministerios de Justicia, Seguridad y Ambiente para hablar con los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu y con sus abogados. Durante ese encuentro, que fue en muy duros términos, la comunidad hizo un pedido de condiciones y los representantes del Gobierno solicitaron un mes de plazo para responder. En ese punto están hoy.
La causa de usurpación que se inició en 2017 -con los episodios de desalojo donde murió Rafael Nahuel- está en una instancia de apelación. En el Gobierno, la postura es sostener el canal de diálogo. De hecho, hay cierta expectativa de poder llegar a algún tipo de acuerdo y descomprimir la cuestión social. Pero el escenario es complejo, porque los vecinos se manifiestan atemorizados por hechos de vandalismo y relacionan a los mapuches como los presuntos autores de pedradas, quemas de casas y saqueos.
Ayer, en la Casa Rosada decían: «El de los vecinos es un reclamo legítimo, pero no podemos dar respuesta desde la Nación porque son delitos ordinarios». Y agregaron que «el problema es que no se identificó a los responsables de esos hechos».
En el Gobierno defendieron la denuncia que radicó el Ministerio de Seguridad por la marcha de vecinos. «Se denunció la existencia de información que refería a la posibilidad de que hubiera gente armada. Se buscó prevenir un enfrentamiento violento», señaló un importante funcionario.
Foco en el conurbano
Con características bien diferenciadas, el Gobierno también enfrenta un foco de conflicto en el conurbano, donde los intendentes advierten por la ocupación de terrenos agravada por el confinamiento.
En el Gobierno advierten que en la provincia se sancionó una ley que suspendió los desalojos hasta el 30 de septiembre. «La provincia está en su propia trampa», alegaron.
Subrayaron que, a menos que se trate de terrenos nacionales, «la que debe actuar es la justicia y la policía provincial». Cerca de Fernández, en la misma línea que Frederic, insisten en que el abordaje del problema debe ser integral. «Las tomas son un tema de seguridad, pero no únicamente. También es social. El Estado tiene que garantizar el derecho a la propiedad. Eso no implica desconocer que la toma puede ser producto de un déficit habitacional», dijo un funcionario de trato diario con el Presidente a LA NACION.
La política de seguridad, y en particular el conflicto por la toma de tierras, dejó al descubierto fuertes diferencias en el Frente de Todos.
El titular de Diputados, Sergio Massa, señaló que «el Estado tiene que hacer cumplir la ley y desalojar» y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni -con profundas diferencias con su par nacional- manifestó que «la usurpación es un delito» y que «el tema está muy pesado» en el conurbano.
Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof consideró que «es innegable que hay una necesidad». Y sentenció: «Queremos reconocer ese derecho desde el Estado».
