Denuncias cruzadas y un allanamiento judicial
El allanamiento de Asuntos Internos ordenado por el Juez Guillermo Atencio, disparó una serie de imputaciones contra los magistrados que intervienen en la causa, y amenaza con revelar una red de inteligencia paralela sin sustento legal que, según fuentes judiciales, se habría montado desde la oficina encargada de controlar el patrimonio de los uniformados. Un organismo con facultad para realizar investigaciones a policías en actividad pero que habría excedido el límite de sus atribuciones, apuntando contra civiles.
¿Existió en la administración de Vidal una red de espionaje que operó desde Asuntos Internos con foco en civiles de forma ilegal?. La respuesta a esa pregunta puede desatar un verdadero escándalo si se comprueba, como la Justicia sospecha, que se ordenaron “escuchas ilegales” –sin orden judicial-, “vigilancia discreta” y escurridizos seguimientos, contra más de un centenar de personas que no revisten la condición de uniformados. La Justicia presume que desde Asuntos internos se ordenó investigar con tareas de inteligencia a abogados, integrantes del ministerio público fiscal, familiares de auditores internos, sumariantes de la gestión anterior e, incluso, al mismísimo ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y a familiares cercanos. El espionaje se extendería, incluso, a familiares próximos de objetivos civiles. La sospecha de la aparición de abogados, por caso, alumbró cuestionamientos público de parte del Colegio de Abogados de La Plata.
La manionbra que se investiga podía complicar a la ex Gobernadora Vidal. Ella fue el contacto directo del titular de Asuntos internos, Guillermo Berra, vía la relación personal con su esposa, María Rosario Sardiña, a la que le crearon una dirección de Auditoría Patrimonial para direccionar las investigaciones en curso. De comprobarse este modus operandi, por acción u omisión, podría complicar a su gestión.
La clave de la sospecha se encuentra en el artículo 11 de la Ley de Inteligencia Nacional. La norma prohíbe “la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes, o grupo de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquier de sus etapas asignadas por le presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”.
En la Justicia se acumulan indicios sobre actividades de inteligencia a más de un centenar de personas, sobre las que se dispararon órdenes de servicio por parte de Asuntos Internos para que se proceda a realizar “tareas encubiertas y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos” en determinadas zonas, según fuentes de tribunales.
La denuncia original que disparó el operativo que genero polémica fue radiada por el ex Comisario Néstor Omar Martín. En su desargo, presentado por su abogado Fabián Améndola, el ex uniformado apunta contra el titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, y contra su pareja, María Rosario Sardina. Los acusa de ser responsables de haber emprendido un “plan sistemático de persecución y hostigamiento a funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del Gobierno anterior”.
En la presentación, Martín denunció ser objeto de “investigación ilegítima” por parte de Asuntos Internos. Alegó ser víctima de seguimientos secretos, y actividades encubiertas. Siempre según su presentación, desde el organismo le habrían realizado escuchas ilegales. Una presentación de tal magnitud obliga al Poder Judicial a iniciar una investigación, más allá del supuesto prontuario del denunciante. Ese fue el sustento para que la fiscal que intervino en la denuncia, Cecilia Corflied, presentara un pedido de allanamiento en Asuntos Internos que fue otorgado por el Juez Guillermo Atencio.
En la hipótesis de la investigación, Martín pidió la baja de la fuerza. Eso lo transforma en un civil, pasible de ser investigado por la justicia penal, incluso por los delitos que se le imputan como presunto enriquecimiento ilícito –de hecho tramitan causas en su contra en la Justicia penal ordinaria- pero lo deja al margen del accionar de Asuntos Internos. Una regla del organismo, como se dijo, impide avanzar en procesos contra personal que ya no revisten la condición de uniformados.
En el allanamiento, habrían surgido las sospechas que ahora la Justicia intenta develar: que los procedimientos utilizados por Asuntos Internos están reñidos con la Ley, y apuntan incluso contra civiles, un universo que se encuentra al margen de cualquier investigación de un organismo creado para escarbar el patrimonio de policías en actividad.
Una versión divulgada por medios periodísticos en las últimas horas alertó a la Justicia. El relato apunta directamente contra la fiscal que pidió el allanamiento, y contra el Juez que lo ordenó.
El abogado defensor de Guillermo Berra, el –ahora- ex titular de Asuntos Internos, Marcelo Peña, cuestionó el allanamiento a la sede del organismo al que calificó de “una locura”, y denunció que en el procedimiento fueron “secuestradas computadoras con información confidencial” en las que hay registros de investigaciones de presuntos casos de corrupción policial. El letrado sospecha de una “complicidad” de la fiscalía y del Juez actuantes con la llamada “maldita policía”. Fue el paso previo a presentar una denuncia contra la fiscal Corfield, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, antesala para pedir su apartamiento de la investigación.
La versión de fuentes judiciales se contrapone. La Justica niega haber ‘secuestrado’ las computadoras, y la información de procesos de investigación patrimonial contra los uniformados. Por el contrario, afirman, se realizó “una copia espejo” de los archivos. En llano: la acusación de haber entorpecido el normal desarrollo de una investigación en curso con el secuestro de las pruebas reunidas, no tiene sustento. Una fuente judicial ejemplificó la situación con una frase: “Hasta hoy las computadoras conservaban las pruebas reunidas para seguir los procesos abiertos”.
El contraste de las denuncias, es evidente: La defensa de Asuntos Internos asegura que en el allanamiento dejó a la oficina ‘sin herramientas’ para seguir con la investigación. La teoría se choca con la versión de fuentes judiciales que aseguran que los registros fueron sólo relevados –con copia espejo- pero las actuaciones permanecen en los archivos de ese organismo.
Lo que siguió después alimentó aún más las dudas. El ex titular de Asuntos Internos, Berra, ordenó la “imputación” del comisario Ojeda, pareja de la fiscal Corfield. En el expediente figuran capturas de pantalla de conversaciones de wsap presentadas por uno de los funcionarios citados a declarar, para deslindar responsabilidades. En los registros se lee la premura del por entonces titular de AI por lograr la imputación de Ojeda: “necesito avanzar. Que salga la imputación, no puedo esperar más”. Son diálogos con el sumariante que reclama “estar seguro” de las pruebas, antes de imputar.
La insistencia por investigar el patrimonio y lograr la imputación de Ojeda, pareja de la fiscal que ordenó el allanamiento, se parece a una maniobra para deslegitimar el procedimiento y pedir su apartamiento de la instrucción de la causa. El sustento de tal teoría está en las fechas: las capturas de las comunicaciones son todas posteriores a la realización del allanamiento, en octubre último.
Tampoco la asociación del Juez que ordenó el allanamiento con la ‘maldita policía’ que se hizo pública, parece sólida. A Atencio le cuestionan allanamientos ordenados contra la misma dependencia en el 2007. Ese año el procedimiento tuvo por finalidad verificar si es que, como sostenía el denunciante, Walter Parnisari, la Auditoría de Asuntos Internos arreglaba sumarios a cambio de dinero, para que policías corruptos siguieran en funciones.
Este último procedimieto pretende dilucidar si como asegura el denunciante Martín, en ese organismo existe un exceso de sus facultades realizando investigaciones ilegales (prohibida en sus procedimientos por la Ley Nacional de Inteligencia) a personas que no revisten estado policial. O, peor, a quienes jamás los portaron.
Dos allanamientos ordenados en el plazo de 12 años, que, en los hechos, se contraponen en su finalidad: en el primero apuntó a Asuntos Internos por la sospecha de “no investigar” a cambio de coimas, y en el último por hacerlo, aunque por fuera de su facultades específicas.
(Fuente: Infobae)
