La reforma judicial del Gobierno afronta dos problemas importantes en el Congreso. El primero es de fondo; para Juntos por el Cambio, el proyecto así planteado es inviable y descree que Cristina Kirchner y su séquito en el Senado acepten modificaciones estructurales que desnaturalicen la reforma. El segundo hace a las formas: en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es minoría, la oposición no habilitará el debate remoto de la iniciativa.
El debate arrancó en el Senado y si bien el Frente de Todos ostenta allí una cómoda mayoría como para aprobar el proyecto a libro cerrado, no tiene asegurados los votos para sancionar la ley en la Cámara baja. Para facilitar el trámite, el oficialismo en el Senado anticipó su predisposición a negociar cambios al proyecto, pero sus pares de Juntos por el Cambio, ofendidos por el ninguneo constante la vicepresidenta, desconfían.
«Hasta ahora el oficialismo en el Senado no modificó una coma de los proyectos que hemos discutido; difícilmente lo hagan ahora», deslizan en el interbloque que preside Luis Naidenoff (UCR). «El proyecto de reforma judicial, así planteado, es indefendible. Las dos acordadas (de la Cámara Civil y Comercial y del Crimen) revelan las profundas inconsistencias del proyecto y muestran que la Justicia está reactiva. Esto, y la sensación de que se trata de un proyecto para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, nos inclina a rechazar de plano el proyecto», sentencian.
Las alternativas que tienen por delante los senadores de Juntos por el Cambio son limitadas. Una de ellas es negarse a discutir eventuales cambios con el oficialismo y rechazar sin más el proyecto de reforma por «inoportuna, innecesaria, costosa y de dudosa constitucionalidad», tal como diagnosticaron los equipos técnicos de Pro, UCR y la Coalición Cívica la semana pasada.
«El punto de partida inhabilita toda discusión; en plena crisis económica provocada por la cuarentena no podemos consentir la creación 323 nuevos cargos y un costo de más de $3000 millones que demandará toda la reforma», sostiene uno de los legisladores promotores del rechazo.
Otros legisladores de Juntos por el Cambio sugieren dar el debate y plantear las modificaciones del caso, que apuntan a la médula misma del proyecto. El punto más resistido es aquel que promueve la fusión de los fueros Federal Penal y Penal Económico y la creación de 23 nuevos juzgados federales, logrando así un total de 46 juzgados penales federales con asiento en la Capital; el objetivo del oficialismo es diluir el poder de los magistrados de Comodoro Py y emplazar, en esos nuevos cargos, a jueces subrogantes con mandato máximo de un año y medio.
No solo Juntos por el Cambio rechaza esta propuesta; en Consenso Federal también se escuchan voces críticas a la creación de este nuevo fuero Federal Penal. «Es irrazonable que se creen nuevos juzgados federales cuando el mismo proyecto dispone que el sistema acusatorio debe regir en un plazo máximo de dos años. Deberían crearse más fiscalías, no más juzgados», advierte el diputado Pablo Tonelli. A su juicio, con solo desdoblar los 12 juzgados de Comodoro Py con una secretaría cada uno «basta y sobra» para atender la carga de trabajo que hoy afrontan.
«Viola la ley»
El nombramiento de jueces subrogantes también es rechazado de plano. «Viola la ley de subrogancias vigente y la jurisprudencia de la Corte, con lo cual es inconstitucional», afirman en Juntos por el Cambio. Desde Consenso Federal la diputada Graciela Camaño, miembro del Consejo de la Magistratura, también rechaza este punto. «La designación de nuevos jueces debe cumplir conforme el procedimiento que marca la ley», afirma.
También genera objeciones (aunque no son unánimes) la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial y el traspaso de las competencias penales no federales a la Capital. «Estamos de acuerdo con el traspaso, pero debe incluir todas las competencias como también la transferencia de recursos correspondientes por parte de la Nación», sostienen en Juntos por el Cambio. Sobre la creación de 94 nuevos juzgados en el interior, uno de los reparos es cómo se designarán los nuevos magistrados.
«La propuesta del Gobierno establece un sistema específico de concursos con menores estándares de publicidad porque los exámenes ya no serían anónimos», advierten.
Todas estas son objeciones neurálgicas que difícilmente el oficialismo tolere, reconocen en la oposición. Si finalmente decide avanzar sin conceder modificaciones, la resistencia se plantará en la Cámara de Diputados. Allí la oposición hará valer su peso para intentar bloquear el debate: por de pronto, ya anticipó que no habilitará que esta iniciativa se discuta de manera remota en las comisiones ni en el recinto.
«Es inviable que este debate lo demos de manera virtual. La sesión debe ser presencial», enfatizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. El principal bloque contaría con el apoyo de otros opositores. «Las últimas sesiones remotas de la Cámara de Diputados fueron muy desordenadas, y el kirchnerismo supo aprovecharse. De ninguna manera se puede tratar la reforma judicial con este sistema», anticipó un encumbrado miembro del interbloque Federal.
La situación ya colocó en un brete al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La semana pasada venció el protocolo que habilita las sesiones remotas en el cuerpo, así como también la labor en las comisiones. Ergo, la Cámara baja permanecerá virtualmente paralizada hasta tanto no se prorrogue la vigencia del protocolo. En Juntos por el Cambio estarían dispuestos a prestar su aval solo para sesiones puntuales y con un temario acordado; de ninguna manera prorrogarán el protocolo por un mes más, como hicieron hasta ahora.
Ofuscados, en el Frente de Todos amenazaban con convocar a sesión incluso sin el consenso del principal bloque opositor. «Quedan temas pendientes muy relevantes, como la emergencia del sector turístico», acicatean. Difícilmente la sangre llegue al río; convocar a sesión remota con mayoría forzada y sin apoyo del principal bloque opositor equivaldría a dinamitar la ya exigua y frágil relación entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. (La Nación – Por: Laura Serra)
