La decisión de mandar a juicio oral al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, y un grupo de ex funcionarios y empresarios por la presunta malversación de fondos en la causa Río Turbio provocó en los tribunales federales una pelea colateral: quién es el tribunal que llevará adelante el debate. Ni el que fue sorteado ni el que lleva adelante una causa conexa quieren llevar adelante ese caso, admitieron a Infobae fuentes judiciales.
En los pasillos de Tribunales aclararon que las razones de la controversia no hay que buscarlas en la política, sino en que todos los TOF (tribunales orales federales) se dicen colapsados por la cantidad de causas de corrupción que llegaron a debate en los últimos tiempos. Exhiben agendas sobrecargadas y muestran la distribución de tareas que hacen algunos magistrados para atender, incluso, varios tribunales simultáneos por vacantes o excusaciones de colegas.
La causa Río Turbio investiga una maniobra que habría perjudicado al Estado «en principio y cuanto menos» en la suma de 176 millones de pesos, al desviar fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón. Se trata de la causa por la que De Vido tuvo su primer pedido de detención y en el que se dictó la llamada «doctrina Irurzun», que imponía considerar entre los riesgos procesales para evaluar la libertad los vínculos residuales de poder que podía tener un funcionario o ex funcionario investigado.
El ex ministro de Planificación cumplirá en octubre dos años preso por esa causa. Tiene sobre sus hombros una condena a 5 años y 8 meses de prisión por corrupción en el marco de la tragedia de Once (no está firme) y está siendo juzgado junto a la ex presidente Cristina Kirchner, José López y Lázaro Báez, en la causa por la obra pública en Santa Cruz. Hay otros juicios en marcha por otros expedientes. En diciembre cumplirá 70 años.
El 9 de setiembre, mientras De Vido solicitaba su arresto domiciliario –un pedido que luego desistió-, el juez Luis Rodríguez mandó a juicio el caso Río Turbio por entender que la parte principal de la investigación estaba cerrada. En el caso hay una veintena de acusados entre los cuales está, además de De Vido y Baratta, el ex intendente Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) y Martín Juan Goicochea (UTN).
Apenas el expediente fue elevado a juicio, la suerte eligió al Tribunal Oral Federal 1 –el mismo que condenó al ex secretario de Obras Publicas José López por enriquecimiento ilícito-, pero los magistrados Jorge Grumberg, José Michilini y Ricardo Basilico entendieron que el caso debían llevarlos sus colegas del Tribunal Oral Federal 7, que por estos días están terminando un juicio en donde se ventiló una pequeña parte de la causa Río Turbio: la que analiza por qué se pagaron 50 millones de pesos por una calle que nunca se hizo en las inmediaciones de la mina de Santa Cruz.
