Remiten a la Corte amparo de Jorge Macri para no frenar la presencialidad en PBA

La Justicia Federal de San Martón se declaró incompetenete. El intendente de Vicente López apelará. Bianco dijo que «tira priedras porque quiere ser gobernador». La causa corre por vía paralela a la que inicio CABA en la Corte nacional.
 

La justicia en lo Civil y Comercial federal de San Isidro se declaró incompetente para entender en la acción de amparo presentada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, contra la suspensión de las clases presenciales en territorio bonaerense y sostuvo que debe intervenir la Suprema Corte de la Provincia en el tema.

“Los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios”, escribiño la jueza Estela Robles, del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín,  al rdeclararse incompetente para tratar el amparo, que el intendente Macri había presentado hors después de que el expresdente Mauricio Macri, su primo, llamara a los alcaldes bonaerense a desobedecer el DNU presidencial que establece la suspensión de clases presenciales en el conurbano hasta fin de mes.

Por su parte, desde el Municipio de Vicente López se anticipó que se apelará la decisión ” toda vez que la ley de amparo es clara en el sentido que toda persona física o jurídica que se encuentra afectada en sus derechos e intereses puede interponer la acción”. Fuentes vinculadas al equipo legal del municipio señalaron que existe jurisprudencia según la cual “a Suprema Corte bonaerense “ha resuelto que cualquier juez tienen jurisdicción para entender acciones de amparo”.

El juzgado “no ha resuelto la medida cautelar planteada, por lo que solicitaremos que lo trate el fuero de alzada que este caso sería la Cámara Contencioso Administrativo de San Isidro”, se anticipó.

La acción de amparo fue presentada contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que adhirió en todos sus términos al decreto 241 firmado por el presidente Alberto Fernández y que estableció restricciones por dos semanas para enfrentar la segunda ola de Covid-19.

Entre ellas está la suspensión de clases presenciales hasta el 30 de abril, objetada por el Macri y por algunos de sus pares de la oposición como el alcalde de San Isidro, Gustavo Posse o el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. También Julio Garro de La Plata cuestionó la medida. Pero solo Macri llevó el planteo a la Justicia, de modo análogo al del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Esta mañana, en la habitual conferencia de prensa de los martes sobre la situación sanitaria de la provincia, el jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, aludió a intendentes que “tiran piedras porque quieren ser goberandores”. Aunque no lo nombró, pareció que apuntaba a Macri, que en repetidas oportunidades expresó su intención de candidatearse a la gobernación. Posse también lo hizo.

Macri promovió la acción de amparo contra la Provincia ” a fin de requerir se declare la nulidad y en su caso, la invalidez constitucional del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 181/2021, dictado con fecha 16 de abril de 2021, publicado en el Boletín Oficial el 17 de abril del corriente y de la Resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1208/2021 art. 9° -Anexo I- actividades Nº 118 y 119″.

En la Provincia, varios colegios amenazaron con desobedecer los decretos nacional y provincial y abrir sus puertas a la presencialidad, pero al final ninguna opotó por desobedecer la normativa. El gobierno de Kicillof, advirtió en paralelo que habrá sanciones duras para quienes lo hagan. (DIB) AL

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