Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el «olor a veneno» que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, tal como publicó días atrás el diario Extra que edita agencia DIB, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
«Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación», le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. «Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)», denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: «Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital». En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. «Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo», detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. «En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos», explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que «no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano».
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
Intereses en juego
Los denunciantes sostienen que el conflicto es complejo en los distintos distritos porque se juegan grandes intereses económicos. «A veces no es tan sencillo porque hay mucho poder atrás. En los pueblos chicos es más difícil porque todo el mundo está comprometido con el campo», señaló Zabaloy.
La referente de la Red Federal aseguró además que se trata de un conflicto que trasciende las paredes de los establecimientos educativos. «Una vez que puse el tema sobre la mesa en la escuela, los chicos y las madres empezaron a contar lo que pasaba en sus casas. Allí es peor porque el que los fumiga es el propio patrón», explicó.
Según advierten las docentes, los intereses económicos generan resistencias a la hora de pensar medidas regulatorias. El caso de Ramallo ejemplifica esta situación. Allí la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente impulsó un proyecto de ordenanza junto a un grupo de concejales que buscaba prohibir la fumigación por tierra hasta 2 mil metros después de los márgenes urbanos. «Conseguimos nada más que 300 metros después de muchas peleas. La ordenanza era un poco más rígida pero hubo sectores que hicieron presión y se fue para atrás», le contaron a DIB desde la organización.
El problema de las distancias
Sin una reglamentación clara a nivel provincial, se estima que más de setenta municipios ya han avanzado con normativas locales que regulan las distancias para el uso de agroquímicos en cuanto a zonas urbanas.
En Ramallo la ordenanza plantea que las fumigaciones terrestres se realicen 300 metros después de los límites urbanos, mientras que está prohibida de manera aérea en todo el distrito. En Areco y Saavedra las distancias rondan entre los 100 y 150 metros por tierra, respectivamente, y los dos kilómetros con aviones. En tanto, en Ayacucho la distancia para «mosquitos» es de 500 metros, al igual que en Saladillo. En este último distrito existe además una protección de 100 metros para las escuelas rurales.
«Nosotros entendemos que el problema no queda sólo en una cuestión de distancia porque las consecuencias van mucho más allá. A nivel local estamos poniendo en discusión los modos de producción y los alimentos que consumimos», le dijo a DIB Luis Fernández, director de la escuela Nº 5 de Saladillo.
En contraste con las iniciativas locales, el año pasado fue tratada en diversas comisiones del Senado bonaerense un proyecto más flexible que muchas normas municipales, ya que plantea distancias que rondan entre los 30 metros para la fumigación terrestre y los 2.000 para las realizadas por aviones. «Proponían fumigarte arriba de la cabeza. Por suerte se frenó. Iban para destruir lo poco que estaba escrito», opinó Fernández.
A nivel nacional, a principios de febrero se formalizó la creación de un grupo de trabajo interministerial, entre Agroindustria y Medio Ambiente, para establecer políticas de regulación del uso de agroquímicos. (Por Manuel Tejo, de la agencia DIB).
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