Siete días de política
Fernández no pudo echar a un subsecretario raso. El objetivo de su vice es cambiar a Guzmán por alguien propio. El ministro se quejó en público, pero su desautorización es irreversible.
El gobierno armado por Cristina Kirchner en 2019 tiene dos rasgos congénitos. El primero, su disfuncionalidad. El poder real lo tiene la vice, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo de la gestión. También un riesgo obvio de ingobernabilidad.
Así, en plena crisis sanitaria y económica, el ministro de Economía quiso despedir al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, porque se negó a aumentar las tarifas, pero no pudo por decisión de la vice. No pudieron ni él, ni Alberto Fernández. El fracaso económico y sanitario le produjo al Presidente una anemia de poder ya inocultable.
Guzmán está aplicando un sigiloso plan de ajuste que llama de «consistencia» macroeconómica. Pero para las necesidades electorales del oficialismo la racionalidad fiscal es tóxica.
El segundo rasgo del gobierno K es la manera en la que la vice va corrigiendo la disfuncionalidad. Desde que denunció el año pasado por las redes la existencia de «funcionarios que no funcionan» mete mano en el gabinete sin disimulo. Lo hace con una implacable lógica de poder a expensas de Alberto Fernández para que el doble comando se convierta en uno solo, el de ella.
Fernández ha ido cediendo porciones de poder que fueron a parar a manos del «cristinismo». Sólo algunos ejemplos: la ministra María Eugenia Bielsa fue reemplazada por Jorge Ferraresi y Marcela Losardo por Martín Soria. En la Anses Alejandro Vanoli fue desplazado por Fernanda Raverta. Los nuevos funcionarios son soldados de la vice.
Hay una ostensible predilección del cristinismo por los cargos desde los que se manejan cajas millonarias y poder territorial. Se autoperciben muy ideológicos, pero para hacer populismo hacen falta pesos como decía Néstor.
Hubo también casos de empate, por ejemplo, en Salud, de donde fue eyectado Ginés González García por el «vacunatorio vip». Pero sin vacunas esa silla eléctrica fue cedida sin mucha disputa a su segunda, Carla Vizzotti.
La semana última también se planteó un interrogante por el reemplazo del fallecido superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini. El cargo es clave porque reparte fondos fiscales entre los sindicatos.
Fernández terminó ubicando un hombre propio, Daniel López, cuando sobrevolaba el nombre de una funcionaria ligada a CFK. Pero allí pesó la voluntad de los sindicatos con los que resultaría peligroso enfrentarse cuando están conteniendo los reclamos salariales en medio de una inflación galopante.
De todas maneras la embestida sobre el poder presidencial y sobre Guzmán en particular no cesa. Con un agravante: se hace a través de los medios lo que potencia el escándalo al tiempo que deteriora la autoridad y la credibilidad del Presidente.
La pelea de Guzmán con La Cámpora a través de voceros oficiosos que fungen de periodistas y que reprodujeron los partes de batalla de uno y otro bando en forma «off the record» alcanzó una virulencia inédita. Finalmente se aplacó cuando Fernández obligó a Guzmán a convivir con Basualdo.
El ministro se quejó en público el viernes, pero la vice ya lo había disciplinado. No lo hizo sólo con Basualdo. Empleó también al bloque de senadores nacionales del Frente de Todos que aprobó un día antes una inédita declaración exhortando a Guzmán a usar unos 4,3 miles de millones de dólares que otorgará el FMI a la Argentina en derechos de giro para gastos de la pandemia y no para el pago de deuda en «default». Traducido: la vice quiere manejar esos fondos para hacer campaña (más IFE, ATP, etcétera) y no para estabilizar la economía.
Como en el caso de la pelea por los medios el procedimiento de los senadores cristinistas golpeó a Fernández, aunque el objetivo aparente fuera el ministro de Economía. Ratificó además que el rumbo del Gobierno se fija en Recoleta, no en Olivos.
Tan fuerte fue la embestida que hasta el FMI creyó necesario aclarar que su interlocutor es Guzmán. Fue porque hasta Washington llegaron las versiones de que está en los planes de la vice reemplazarlo por un funcionario de Axel Kicillof y volver el almanaque a 2011, pero esta vez con una situación más deteriorada a pesar de que la soja llegó al superprecio de 590 dólares la tonelada en Chicago (como en 2012). De esa suma el Gobierno se queda con 385 dólares por tonelada, pero sigue sin alcanzarle (ver Visto y Oído).
FUENTE: LA PRENSA
