La Cámara Federal porteña confirmó ayer la ampliación del procesamiento que pesa sobre el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del Fútbol Para Todos, en la que está acusado de haber cometido delitos al celebrar el acuerdo de ese programa con su único anunciante privado, el fabricante de camiones Iveco.
La decisión fue tomada por la sala II del tribunal de apelaciones que, además, confirmó el procesamiento del ex CEO de la firma de camiones Natale Rigano, por haberse prestado a la maniobra que le habría producido perjuicios al Estado.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia modificaron los montos de los embargos que pesaban sobre los dos procesados y le impusieron uno de 25 millones de pesos a Fernández, y otro a Rigano de 15 millones. En este expediente, a Aníbal Fernández se le achaca haber elegido a Iveco como sponsor del Fútbol para Todos y negociado, fuera de cualquier formalidad, sin recurrir, por ejemplo, a compulsa de precios a la hora de fijar cuánto debía pagar esa empresa para ser la auspiciante del torneo argentino de fútbol.
«Las constancias colectadas indican que fue la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por el doctor Fernández, la que decidió que IVECO fuese el sponsor de los torneos, y que la AFA -a lo sumo- solamente habría dado su aval para que así fuera», sostuvo Bruglia en su voto. Fuentes judiciales detallaron que al ex jefe de Gabinete se le imputan, además, otros dos hechos que están vinculados con las renovación de los convenios supuestamente irregulares que el mismo había impulsado con la firma Iveco.
El ex funcionario está acusado de haber cometido «administración fraudulenta» en perjuicio de las arcas públicas porque, por ejemplo, en una oportunidad, le solicitó a Iveco que pagara 9 millones de pesos por el contrato de sponsoreo, pero finalmente terminó aceptando los 7 millones que estaba dispuesta a pagar la empresa. Además se lo acusa de haber permitido que se desviaran fondos públicos, dado que en 2010 Iveco abonó una parte del contrato (4 millones de pesos) directamente en la AFA, cuando ese dinero debía haber sido entregado a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por otra parte, el camarista Irurzun solicitó que se investigue la posible responsabilidad del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, por su supuesta intervención en la «la evaluación -y aprobación- de la perjudicial propuesta avalada por el Programa Futbol para Todos y convenida por la Jefatura de Gabinete en 2011». En este expediente, Fernández y el también ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich se encuentran procesados por los delitos de «violación de los deberes de funcionarios públicos», ya que se los acusa de no haber controlado el destino de los fondos aplicados al Fútbol Para Todos.
También fueron procesados por la jueza María Servini los ex directivos de la AFA Luis Segura, Miguel Silva, José Lemme, Rubén Raposo, Carlos Portell y Rafael Savino, por «administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública».
En el mismo expediente se encuentra procesado por «peculado» el ex vicegobernador bonaerense y primer coordinador del Programa FPT, Gabriel Mariotto, aunque la Cámara Federal sugirió que debería modificarse la calificación a «administración fraudulenta». La causa se originó en mayo de 2014, a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, en la que cuestionó el presunto reparto discrecional de los fondos del FPT y la falta de control sobre el destino de los mismos.
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