La política tarifaria adoptada por los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri llevó al límite de la supervivencia a las familias, y, con ellas, puso en verdaderos aprietos a los municipios que brindan asistencia. Ese análisis se desprende -o, mejor, va de la mano- con la preocupación que los alcaldes del peronismo -no atados a la “obediencia debida” de Cambiemos- expresaron en las últimas horas.
El desencadenante es la noticia de que la luz está a las puertas de experimentar un salto drástico en los próximos días. Se prevé que el Gobierno bonaerense autorice a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES y EDEN -y a las 200 cooperativas que funcionan en Buenos Aires- a aumentar hasta el 50 por ciento desde febrero, el momento indicado por María Eugenia Vidal para dar a conocer la estrategia electoral del oficialismo, que se llevará minutos de aire y páginas de diarios.
La suba está explicada por la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución y por el aumento de la energía decretado desde Nación. En la Provincia juran que la suba estará por debajo de la inflación de 2018. Lo que no dicen es que son cifras muy similares, y tampoco que a la suba de febrero le deberían llegar “ajustes” de 10 por ciento en mayo y 20 por ciento en agosto.
Los datos duros, revelados por un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, revelan que en Buenos Aires, el 26 por ciento del salario mínimo se destina al pago de servicios públicos. En redondo es uno de cada cuatro pesos que ingresan a una familia que vive con lo justo. El mismo informe explica que la electricidad, por ejemplo, se encareció un 2.300 por ciento en tres años.
Los otros servicios se encarecieron menos, pero más que el salario. En gas el aumento ya lleva acumulado un 1752%, en agua alcanzó el 655%, en colectivos urbanos 329%, los trenes aumentaron 401%. El problema es que van a seguir en esa tendencia y en proporciones nada razonables.
Esta situación pone en jaque a los vecinos y a los intendentes que prestan asistencia para pagar las boletas. Algunos de ellos cuentan con angustia que sostienen con 800 pesos a grupos familiares y que ese dinero se va directo al bolsillo de los dueños de la energía. Y ven con preocupación que, con el próximo aumento no alcanzará ni para un aporte de esa modestia.
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