El miércoles al mediodía se inició la sesión especial en Diputados que incluyó, entre otros temas de suma importancia social, el proyecto de regularización dominial de villas y asentamientos precarios.
Finalmente, la iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 194 votos a favor, pasadas las dos de la madrugada.
En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad de asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.
Entre otros puntos, el texto estipula que se declare «la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles» los terrenos que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.
En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo con el relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
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