Los informes hablan de un abril de 1983 frenético en la Argentina. Primero, por el anuncio que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre la existencia de centros clandestinos de detención y luego por el Documento Final de la Junta Militar sobre lo actuado en la lucha contra la subversión. En el medio, despachos secretos de la Central de Inteligencia norteamericana informaban del pago a los torturadores. Esta es la historia que Infobae revela en exclusiva
Las alarmas en el ambiente de las fuerzas armadas y de seguridad se encendieron el 19 de abril de 1983 cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció la identificación de las ubicaciones de 47 centros clandestinos de detención, que habían funcionado durante la última dictadura militar.
En una conferencia de prensa brindada por su presidente Emilio Fermín Mignone, su vice Augusto Conte Mac Donell y su coordinadora Noemí Fiorito de Labrune, dieron a conocer la existencia de 13 centros en Capital Federal, 15 en el Gran Buenos Aires y 19 en el interior del país.
También presentaron una nómina con 50 testigos que pasaron por algunos de estos lugares y aclararon que habían confeccionado una lista con otros 800 nombres, de los cuales 100 estaban libres o detenidos legalmente y el resto se encontraba desaparecido.
Los diarios publicaron entonces la información detallada, enumerando los nombres de los centros, así como de las personas que habían estado como detenidos-desaparecidos en ellos.
En un cable secreto de la CIA, fechado el 28 de abril de 1983 –que integra el voluminoso archivo de documentos desclasificados que el gobierno norteamericano entregó recientemente a Argentina– informa que el anuncio del CELS generó «una gran preocupación» entre miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, ya que «estas revelaciones eran correctas en cuanto a la ubicación de los centros así como la identificación de las personas involucradas».
El detalle del cable que informaba que Bufano y el “Japonés” Martínez, ambos integrantes del Batallón de Inteligencia 601, habían hecho una detallada declaración sobre las desapariciones y ejecuciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad durante la “guerra sucia”
El detalle del cable que informaba que Bufano y el “Japonés” Martínez, ambos integrantes del Batallón de Inteligencia 601, habían hecho una detallada declaración sobre las desapariciones y ejecuciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad durante la “guerra sucia”
El que redactó el cable afirma que «esto llevó a sospechar que algunos miembros (de las fuerzas armadas o de seguridad) estén tratando de congraciarse con el gobierno civil al poner a disposición esta información».
En el mismo sentido, subraya a una fuente –que en el cable se encuentra tapada- que algunos de esos centros de detención y de tortura habían sido usados por la Policía.
Según la CIA, la preocupación se extendía al Batallón de Inteligencia 601, ya que se sabía que dos represores, a los que nombra como Bufano y otro con el apodo de «Japonés», aclarando entre paréntesis el apellido Martínez, estarían por brindar declaraciones públicas sobre su accionar durante la guerra sucia.
El documento señala que «ambos aportaron detalladas declaraciones con respecto a desapariciones específicas y ejecuciones cometidas por fuerzas de seguridad durante la guerra sucia, incluyendo los nombres del personal involucrado, nombres de las víctimas, fechas, acciones específicas, etc».
¿Ayuda humanitaria o sobornos?
El mismo cable señala que organizaciones de derechos humanos «no especificadas» reunieron la cifra de 250.000 dólares, que dividieron entre Bufano, Martínez y Rodolfo Peregrino (Fernández), quien había efectuado declaraciones sobre el rol de la policía en la represión.
Según esas mismas versiones, ese dinero se lo había hecho pasar como apoyo humanitario para sus familias, aunque el autor del cable advierte que se consideraron sobornos para que estas personas hablasen.
